JORNADES SOBRE
"EL DRET DEL TREBALL EN EL
SEGLE XXI"
PALMA DE MALLORCA 22 I 23 DE GENER DE 2009

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UNA ESTRATEGIA INTEGRADA DE
FLEXIBILIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA HACER FRENTE A LA
CRISIS DE LA SOCIEDAD LABORAL Y DEL
BIENESTAR.
José Enrique Medina Castillo.
Magistrado de lo Social y Doctor en Derecho.

En el mundo al
revés, la libertad oprime: la libertad del dinero exige
trabajadores presos de la cárcel del miedo, que es la
más cárcel de todas las cárceles. El dios del mercado
amenaza y castiga; y bien lo sabe cualquier trabajador,
en cualquier lugar. El miedo al desempleo, que sirve a
los empleadores para reducir sus costos de mano de obra
y multiplicar la productividad, es, hoy por hoy, la
fuente de angustia más universal. ¿Quién está a salvo
del pánico de ser arrojado a las largas colas de los que
buscan trabajo?

Eduardo Galeano

Patas arriba

La escuela del mundo
al revés.

Al
finalizar la segunda guerra mundial, los vencedores y
creadores del nuevo orden, interesados en restituir la
esencia del capitalismo, desarrollaron un marco
institucional basado en tres pilares fundamentales: un
orden político internacional (Carta de las Naciones
Unidas), un orden de los derechos humanos (Declaración
Universal de los Derechos Humano) y un orden económico
internacional, el denominado “Sistema Bretton Woods”.
Este tercer elemento institucional se apoyaba en dos
principios básicos: liberalización del comercio y
regulación del flujo de capital. Se justificaba la
regulación de los movimientos de capital en el
entendimiento de que los flujos especulativos a corto
plazo tenderían a socavar la libertad de mercado, la
democracia y el Estado de Bienestar, en tanto el libre
flujo de capitales podría dar lugar a un “gobierno
virtual” de las instituciones financieras permitiéndoles
imponer su propia política social mediante la amenaza de
la evasión de capitales hacía otros mercados más
favorables a la obtención de beneficios, reduciendo la
capacidad de los gobiernos formales a la ejecución de
sus políticas de mercado de trabajo y de bienestar
social.

Este
sistema dio lugar a lo que se conoció como “época dorada
del capitalismo”, caracterizada por un ritmo muy elevado
de crecimiento y de la productividad, y la expansión del
contrato social, que tuvo su desarrollo en los años
cincuenta y sesenta hasta su desmantelamiento, como
veremos, a partir de los setenta[1].

En este marco político-institucional, la función
del Estado ya no se limitaba a asegurar la supervivencia
y desarrollo del sistema, sino que asumía la función de
racionalizar y disciplinar las tendencias anárquicas de
los intereses capitalistas, neutralizando el antagonimso
de clases y asegurando la disciplina social y la lealtad
política mediante el compromiso de sostener el sistema
socio-económico sin alterar sus presupuestos
fundamentales. El pacto social implicaba que las
organizaciones obreras admitían la lógica capitalista
del mercado como mecanismo determinante de la producción
y distribución de los recursos en la sociedad,
recibiendo como contrapartida política la protección
social pública y la democratización económica y social
del sistema. Para ello, las políticas de empleo,
entendidas como un conjunto dinámico de medidas y
acciones múltiples encaminadas a procurar posibilidades
ocupacionales y a satisfacer las necesidades de mano de
obra que en cada momento y situación precisen las
actividades económicas, se erigieron en un mecanismo
necesario para garantizar esa función racionalizadora
del estado keynesiano, en tanto las políticas de empleo,
de mercado de trabajo, constituyen un campo de la
política social que tiene por objeto la conformación,
aprovechamiento y retribución de la mano de obra en el
trabajo por cuenta ajena[2].
Además de la política de formación y perfeccionamiento
de la mano de obra; de configuración, distribución y
adjudicación de los puestos de trabajo; de retribución y
de trasferencia de rentas; de protección de la mano de
obra contra los riesgos de la vida laboral (enfermedad,
invalidez, accidente, despido, paro, contratos
precarios, riesgos para la salud en el trabajo...); de
composición y resolución de los conflictos (individuales
y colectivos) entre empresarios y trabajadores, y las
políticas de pleno empleo en sentido estricto (de empleo
y de jornada de trabajo), las políticas de mercado de
trabajo cumplian una función esencial de humanización de
la vida laboral.

El trabajo no es una
mercancía

Frente a la orientación económica liberal sobre
el trabajo, que toma sus bases teóricas del modelo
neoclásico de competencia perfecta, que considera que el
mercado de trabajo no es un mercado especial, sino un
mercado como cualquier otro (el de bienes, el de
dinero...); y la mano de obra es un factor de producción
más, una mercancía, que debe tratarse de acuerdo con las
leyes del mercado (oferta y demanda), y que hay que
dirigir por medio del mecanismo de los precios, en este
caso, los salarios, se alzó una concepción que partiendo
de que el desempleo proviene de tres fuentes:
insuficiencia crónica o recurrente de la demanda total
de los productos de la industria, la mala orientación de
la demanda y de una falta de organización del mercado de
trabajo; reclamaba la necesidad de la intervención
política para conseguir resultados socialmente
aceptables, o tolerables. Concepción que es conocida
como "principio intervencionista" o "keynesiano"[3].

El propio BEVERIDGE exponía el objetivo central
que debía perseguir una política de mercado de trabajo y
el papel que correspondía en esa tarea al Estado al
manifestar: Para
enfrentarse a la prevención de la desocupación provocada
por el desempleo masivo, no es útil ni necesaria una
legislación detallada. Es un problema de ajustar la
acción estatal a las libres actividades de los
ciudadanos de ese Estado y a las políticas de otros
Estados. Implica una única pero importante decisión de
principio -la aceptación por el Estado de una nueva
responsabilidad hacia el individuo- y la creación de un
organismo estatal con poderes suficientes para
desempeñar esta responsabilidad[4].

La orientación intervencionista de la política de
mercado de trabajo y de empleo se apoyaba en dos raíces
y fundamentos. Uno primero, de marcado carácter
normativo que se fundamenta en la concepción
antropológica de que el trabajador es un factor de
producción "especial", no comparable a otros factores y
que, por tanto, la mano de obra humana no puede ser
tratada como una "mercancía". Esta concepción se refleja
en la
Declaración de Filadelfia de la
Organización Internacional del Trabajo
(O.I.T.)[5],
y asimismo, en distinta forma, en el Derecho laboral y
social alemán cuando se habla, por ejemplo, de la
adecuación social de la normativa legal.

En segundo lugar, el principio intervencionista
procede, además, de la observación de que el principio
de mercado (es decir: el mecanismo salarial y la libre
competencia sin impedimentos) llevan a resultados
indeseados e insatisfactorios tales como la competencia
destructiva o el subempleo y el paro. En consecuencia,
para evitar esas insuficiencias del mercado los
keynesianos proponían que había que conseguir la
configuración activa de los procesos del mercado de
trabajo.

Unido a lo anterior, la necesidad de la
intervención radica en que en el mercado de trabajo, al
igual que en la sociedad, el poder y la estrategia no
son elementos introducidos desde el exterior, sino
fenómenos endógenos, producidos por el propio proceso
del mercado de trabajo. El resultado de este proceso, -a
diferencia de lo que entiende el principio liberal del
mercado-, no está determinado por las fuerzas del
mercado, ni sigue un camino óptimo hacia la eficiencia y
el equilibrio. Para los defensores del intervencionismo,
la rentabilidad y la protección social no son
irreconciliables ni incompatibles por principio, sino
que, muy al contrario la limitación parcial de la
competencia y la protección de la mano de obra son
absolutamente necesarias para mejorar la capacidad de
rendimiento económico y social del mercado de trabajo y
del sistema de empleo. Desde la perspectiva keynesiana,
el objeto de la política de bienestar es satisfacer las
necesidades humanas entendidas como un conjunto de
precondiciones de la existencia humana, como presupuesto
de una vida autónoma, libre y emancipatoria dentro de la
sociedad democrática[6].

La
lógica de intervención keynesiana, en lo que se refiere
al empleo, consistía en alentar la intervención pública
en el mercado para conseguir un volumen agregado de
producto que corresponda al pleno empleo. En el campo de
las políticas sociales reclamaba la intervención del
Estado, a través del sistema tributario, para
redistribuir la renta de tal manera que permitiera un
aumento de la propensión al consumo. En definitiva, su
propuesta de "socialismo liberal" mantenía inalterados
los valores esenciales del pensamiento liberal burgués:
la protección del individuo, la libertad de empresa y de
contratación y la defensa de la propiedad privada.

No
obstante, como expresa MONEREO[7],
los Gobiernos socialdemócratas, en el período de
prosperidad inmediatamente posterior a la postguerra,
contribuyeron a reafirmar el valor de la igualdad y su
inherencia al modelo de bienestar keynesiano, realizando
una lectura en cierta medida "socializante" de la obra
clásica de RAWLS[8]
sobre la necesidad de que en un sistema democrático
basado en la justicia social se garantice una igualdad
en cuanto al reparto de los "bienes sociales primarios";
es decir, libertad, igualdad de oportunidades, renta,
riqueza y las bases del respeto mutuo.

El
“ocaso de los años de oro”.  El eterno
retorno a la libertad de mercado

A
principios de los años setenta se comienza a hacer
perceptible la crisis orgánica del capitalismo
keynesiano[9],
por lo que se hizo necesaria una nueva cohesión que
hiciera compatible la relación salarial (principio
invariable del modelo de producción) con las
transformaciones estructurales del modo de producción
capitalista que propiciaban una caída del coste social
de reproducción de la fuerza de trabajo, en el
entendimiento de que las demandas salariales, el
progresivo incremento del coste de la fuerza de trabajo,
constituian la principal causa de la crisis del
sistema.

Desde ese momento pudo apreciarse un cambio de
orientación favorable al principio de mercado, un giro
de timón hacia los postulados liberales del laissez faire y
el mercado de competencia perfecta, aún cuando
presentaba diferencias sustanciales con respecto a él,
puesto que mientras la teoría de Adan Smith de la "mano
invisible" se apoya en la existencia de un orden natural
que persigue la bondad, una finalidad positiva, el orden
hayekiano es
de carácter estrictamente negativo que se define
normativamente y que se apoya en una doctrina que
primaba el orden y no la libertad del mercado[10].

Con esa premisa, para los neoliberales, la
función del Estado debe limitarse al desarrollo de su
papel político, procurando la seguridad y la eficacia
del funcionamiento del mercado, interviniendo
exclusivamente para asegurar ese orden espontáneo, pero
no fijando los objetivos de la actividad económica. Tal
opción tenía como objetivo el debilitamiento, cuando no
el desmantelamiento puro y simple de los logros sociales
conseguidos en los años de oro del capitalismo
keynesiano, lo cual se justificaba en dos razones
fundamentales.

La primera, de orden económico, insiste en los
problemas de sobrecarga producidos en la demanda
económica. La segunda, de orden político, radicaría en
los factores de ingobernabilidad que se derivan de esa
sobrecarga impuesta al Estado. La solución, por tanto,
consiste en "descargar" al Estado de esa lacra, mediante
la desregulación y la liberalización de ciertas
funciones que hasta ese momento habían sido asumidas por
él.

Y
es que para los neoconservadores, un "Estado fuerte"
constituye un obstáculo para el desarrollo de las
grandes corporaciones financieras y económicas, y por
tanto, su ideal consistiría en la desaparición, lisa y
llana, del Estado, del poder político. La solución
consiste en disponer de un Estado, pero un "Estado
mínimo", limitado a las estrictas funciones de
protección contra la fuerza, el robo, el fraude, el
incumplimiento de los contratos,... A su entender,
cualquier otro Estado más “extenso” acabaría por
destruir la libertad de empresa y de contratación,
pilares de la ideología liberal. Sin embargo,
paradójicamente, pese al empeño de negar un papel
intervencionista al Estado en las relaciones económicas,
la necesidad de legitimación que precisan estas
organizaciones hace que la presencia del Estado resulte
consustancial al liberalismo, ya que ejerce una función
crucial como inductor y guardián de sus intereses desde
una posición de relativa autonomía. [11]

Esto
supuso un cambio de las directrices macroeconómicas
distinta de la típicamente estabilizadora que había
caracterizado a los keynesianos. Si el Estado había
podido, hasta ese momento, jugar eficazmente un papel
importante como regulador de los desequilibrios entre
producción y consumo, ello era posible en el marco de
las economías nacionales, pero desde el momento en que
la economía y la inversión se globalizaron, el sistema
resultó ineficiente, puesto que el Estado no puede
correr el riesgo de ver como ciertas empresas se vuelven
deficitarias a consecuencia de la aceleración en la
competencia internacional del trabajo.

Un
nuevo reparto de la tarta. El fin de la comedia del
consenso

Frente al compromiso entre clases sociales sobre
la base del crecimiento económico que trajo como
resultado el estado del Bienestar y que supuso la
aceptación por parte de las clases poseedoras de la
redistribución, vía Estado, del producto social, y por
parte de los trabajadores y sus instituciones
político-sociales, de las políticas de rentas, que
suponían un incremento del consumo, los neoliberales
optaron por poner "orden" en un mundo en el que las
políticas de pleno empleo redundaban en la relajación de
la disciplina social[12].
Como solución, pretenden hacer "tabla rasa" del pasado,
concretado en el Estado del Bienestar y la regulación
estatal de las condiciones de trabajo. En ese empeño,
sus postulados se han concretado en políticas de mercado
de trabajo y de empleo que se pueden resumir del
siguiente modo: el desarrollo de una política fiscal
favorable para las empresas; la reducción de las
prestaciones sociales y de las disposiciones de
protección de los trabajadores, así como la
"flexibilización" de las condiciones de empleo
-impulsando la reforma de la legislación laboral y
abriendo camino a la contratación de duración
determinada, a tiempo parcial, y demás formas de empleo
precario-, y los sistemas de salario.

En coherencia con su ideario económico, centran
su crítica en las políticas de transferencias públicas
hacía servicios como sanidad, educación o control
medioambiental, pero ello no implica que reclamen que se
destinen recursos públicos hacia otras materias que, a
su juicio, son de interés general de la población. Por
el contrario, si se muestran muy favorables al aumento
de las inversiones públicas en materia militar, para
mayor aumento de los beneficios de las multinacionales
de armamento, y como garantía de su "orden económico",
mientras se reducen drásticamente las inversiones en
sectores como la protección ambiental o los servicios
sociales.

Así, frente a las políticas intervencionistas y
de consenso propias de los estados del bienestar
keynesianos, los principios básicos sobre los que se
asienta el pensamiento económico-ideológico neoliberal
podemos sintetizarlos, siguiendo a BOWLES, GORDON y
WEISKOPF[13]
en los siguientes: la "economía del
goteo"; la "disciplina del
látigo"; la "mano
invisible" y la "política exterior del
garrote".

La idea esencial del primer principio, "economía
del goteo", es que la mejor manera de mejorar el nivel
de vida a largo plazo de la mayoría de las personas es
favorecer la conducta económica productiva de aquellos
sectores de la población que ocupan las mejores
posiciones, y de ese modo, cuando éstas prosperen,
prosperará la economía y todo los demás, y los más
desfavorecidos acabarán recibiendo los beneficios que
goteen de esta prosperidad. Si los ricos disponen de más
dinero, ahorrarán, el ahorro favorecerá la inversión y
como consecuencia de ello aumentará la productividad y
el ritmo de crecimiento de la economía, lo que
facilitará la obtención de beneficios y estimulará la
inversión productiva, de tal modo que los asalariados
dispondrán de trabajo.

El segundo principio, "disciplina del látigo",
tiene como finalidad disciplinar a los trabajadores para
que se esfuercen en el trabajo. El modo de conseguir ese
objetivo, es a través de reducir, o eliminar
drásticamente si ello es posible, las prestaciones de
desempleo, indemnizaciones, y cualquier otro tipo de
prestaciones que puedan percibir los trabajadores por la
pérdida de su empleo. Con ello se reducen las
posibilidades de que surja cualquier otra alternativa al
comportamiento disciplinado en el trabajo. Ante la
amenaza del paro no subsidiado, los trabajadores deberán
someterse a la disciplina del mercado de trabajo
disminuyendo sus salarios en beneficio de las rentas del
capital[14].

Obviamente, en el desarrollo de esta estrategia,
la lucha contra las organizaciones obreras, en especial
de aquellas que tienen un alto contenido de clase,
constituye una ofensiva esencial. Debilitando a sus
organizaciones se reduce la capacidad reivindicativa de
los trabajadores que deben negociar sus condiciones de
trabajo en el ámbito de la empresa en una posición de
clara inferioridad. Al mismo tiempo, si los sindicatos
son débiles podrán ejercer menor presión en la calle
para dificultar las reformas legales que es necesario
acometer para desmontar la legislación protectora del
trabajo.

Los ejemplos más evidentes, no únicos, de éste
tipo de políticas se expresaron en los Estados Unidos y
el Reino Unido, bajo los gobiernos de Ronald Reagan y
Margaret Tatcher respectivamente. La administración
Reagan alzó el estandarte que iba a dar comienzo a un
enrarecimiento del clima sindical y social en 1981,
liderando la resistencia contra las luchas sindicales, y
que más tarde serviría de ejemplo a las grandes empresas
para continuar la ofensiva[15].

El resultado de esta estrategia de confrontación
fue que durante la década de los 80, y en los países de
la
OCDE, los sindicatos perdieron unos 5
millones de afiliados, concentrada en una gran parte en
los EE.UU. el Reino Unido y Francia. De hecho, la tasa
media (ponderada) de sindicación de los 18 países de
la
OCDE pasó de 35 en 1970 a 37 en 1975, para después descender a 35 en 1980 y 28
en 1988[16].
En EE.UU la afiliación sindical que alcanzaba en 1945 el
35,5 % de la fuerza de trabajo, y el 31,4 % en 1961,
cayó en 1985 al 18% y en 1.993 llegó al 15,5 %.[17]

En lo que respecta a nuestro país, la afiliación
sindical, aún cuando estuvo prohibida hasta 1977, una
vez legalizados los sindicatos, experimentó un
importante aumento para posteriormente sufrir una caída
espectacular, pasando del 27,4 por ciento en esa fecha,
al 11 por ciento en 1.990[18].

En definitiva, la "disciplina del látigo" dio
unos excelentes resultados en todos los países de
la
OCDE, consiguiendo que los avances en
afiliación que consiguieron los sindicatos hasta la
década de los setenta los perdieran en la de los
ochenta. De ahí que, si hubiera que señalar los rasgos
más característicos de los cambios producidos en la
sociedad del trabajo postfordista, podrían reducirse a
dos: el declive
de la fuerza de trabajo global y la progresiva pérdida de
centralidad de la clase obrera en los procesos
sociales.

El tercer principio, "la mano invisible",
constituye una revalorización de las teorías de Smith y
está íntimamente ligada a la prescripción del
laissez-faire, y la repulsa del intervencionismo público
en el funcionamiento del mercado. Esto implica,
igualmente, la reducción de los impuestos al
capital.

Por último, la "política exterior del garrote"
está directamente relacionada con el fenómeno de
mundialización de la economía, de tal suerte, que ante
la eventualidad de que la inestabilidad política de
cualquier país en que realicen negocios las empresas
multinacionales y ello pueda suponer la pérdida de
beneficios de las grandes empresas, es necesario que
exista una fuerza militar capaz de restablecer el orden
alterado.

La
estrategia político militar de EE.UU como instrumento
coercitivo puesto al servicio de la defensa de la
hegemonía estadounidense en la defensa de la “libertad
de mercado mundial” fue descrita de modo muy simple e
instructivo por Thomas Friedman (a la sazón consejero de
Madeleine Albright) en un artículo publicado en el
magazine del New York Times del 28 de marzo de 1999,
bajo el título “Lo que el mundo
necesita”, con fragmentos del siguiente tenor: “…la mundialización
sólo funcionará si Estados Únidos actúa con la fuerza
todopoderosa que le confiere su calidad de
superpotencia”, ”…la mano invisible
del mercado, jamás funcionará sin el puño invisible. Mac
Donald no prosperará sin la Mac Donnell Douglas, que ha construido el F15. El puño invisible
que garantiza un mundo seguro para la tecnología de
Sillicon Valley se llama ejército, aviación, marina y
Cuerpo de Marines de Estados Unidos”.[19]

Todo
ello nos permite llegar a concluir que los programas
neoliberales de la última generación son otra etapa del
mismo largo experimento, que dura ya varios siglos, para
transformar no sólo los hábitos y la conducta sino
también las mentes y actitudes de modo que la gente
acepte la subordinación, la disciplina y el aislamiento
y restringa sus aspiraciones a necesidades artificiales
creadas por la industria de la publicidad y el
entretenimiento. [20]

Más
mercado, menos Estado y menor protección
social.

Obviamente
interesados en el mantenimiento del modelo de
acumulación, los neoconservadores pusieron en marcha una
serie de reformas económicas destinadas a conseguir su
reproducción y el aumento de la tasa de beneficios del
capital, que se había debilitado en los últimos años de
la década de los sesenta y que dieron como resultado, en
las décadas posteriores, no sólo la recuperación de la
tasa de beneficios, sino su espectacular
incremento.

Así,
desde los ochenta, buena parte del discurso dominante
sobre los problemas y desarrollos futuros del Estado del
Bienestar se concentró en el supuesto antagonismo entre
el aspecto de la seguridad civil colectiva del Estado
(Estado del Bienestar) y los aspectos liberales del
Estado (garantía de la propiedad privada, relaciones
contractuales de mercado).

Las limitaciones del Estado del Bienestar se
manifestaban en una contradicción fundamental: había
llenado el universo del capitalismo de "derechos
sociales", integrando substancialmente a las clases
trabajadoras, y éstas habían albergado la esperanza de
una superación socialista del Estado del Bienestar. En
ese contexto se produjo la revisión del modelo de
intervencionismo público característico del Estado de
Bienestar keynesiano y la implantación de nuevas
prácticas políticas entre los actores del sistema, en su
conjunto, que tuvo su reflejo en el marco de las
relaciones laborales.

Al grito de "más mercado" y "menos Estado" los
neoliberales proponen una vuelta "revisada" a los
postulados del laissez faire .
La autonomía de lo económico, expresión de un proceso de
abstracción y mercantilización de las relaciones humanas
y el “principio propietario”[21]
se convierten en el verdadero centro del sistema,
desplazando la preocupación keynesiana por la búsqueda
del consenso social a su periferia.

Los postulados que sostenían las políticas de reprivatización
se apoyaban en una premisa fundamental: la utilización
del Estado para debilitar las instituciones de las
clases trabajadoras y desmontar las instituciones de la
política de rentas pro-salarios (escala móvil, contratos
de trabajo permanentes, pleno empleo, etc.) para
disciplinar a estas clases, puesto que, como se ha
dicho, la disciplina social constituye un determinante
fundamental del beneficio privado.[22]

Esas consignas, tuvieron unos efectos
devastadores en las políticas de protección social[23].
Lo cual resulta coherente, puesto que, en definitiva, el
neoliberalimo supone una concepción político-ideológica
en la que prima la eficacia económica frente a la
protección social y el carácter dominante de la
propiedad y la lógica propietaria sobre las políticas de
intervención a favor de la igualdad social.

La reducción del Estado de Bienestar a mero
"Estado de asistencia"[24],
con sus secuelas de pérdida de seguridad del empleo,
segmentación del mercado de trabajo y de los propios
desempleados, pérdida de salarios, disminución de
prestaciones sociales, vaciado de los derechos sociales,
privatización de empresas públicas[25]
y el fraccionamiento de los sistemas de pensiones
públicas, constituyó una tendencia dominante en los
paises europeos para una "reestructuración del Estado
del Bienestar" orientada a la pérdida de protagonismo
público y la revitalización del sector privado mercantil
en la gestión del "nuevo modelo pluralista del Estado
del Bienestar, recuperando para el sector privado
ingentes recursos financieros que hasta ese momento y en
la mayoría de los países, estában exclusivamente bajo el
control del sector público.

El nuevo modelo de "Estado de Bienestar mínimo"
encontró una justificación sobrevalorada en la crisis
financiera pública, aún cuando conviene tener en cuenta
que, en buena parte, la relativa "sobrecarga" del Estado
del Bienestar no tiene su causa tan sólo en el aumento
de las expectativas y demandas sociales, sino también en
la forma en que se viene utilizando el sistema público
para reducir la oferta de empleo, en lo que ha sido
calificado como "crisis inducida" por factores externos
a los sistemas de Seguridad Social. [26]

Los
neoliberales consideran que es posible un "mercado
perfecto", un "cosmos" al que se atribuye la cualidad de
permanecer en continuo equilibrio económico, sólo roto
por el intervencionismo del bienestar keynesiano. Dos
razones avalan su tesis. En primer lugar, el aparato del
Estado del Bienestar impone una carga fiscal y normativa
al capital que equivale a un desincentivo para la
inversión. En segundo lugar, y al mismo tiempo, el
Estado del Bienestar garantiza pretensiones, títulos y
posiciones de poder colectivo a trabajadores y
sindicatos que equivalen a un desincentivo para el
trabajo, o al menos para un trabajo todo lo duro y
productivo como el impuesto bajo la égida de fuerzas
mercantiles no reprimidas.

En definitiva, la crisis económica y social del
trabajo se hizo extensiva a las instituciones del propio
sistema, en particular, al Derecho del Trabajo.

Más
flexibilidad, disciplina y desregulación

En
el plano de las políticas de regulación jurídica de las
relaciones laborales, el objetivo de la reforma
neoliberal pasaba por eliminar la universalidad de la
protección del trabajador, tendiendo a las regulaciones
de mínimos de orden público, en un retorno hacia la
individualización de las relaciones laborales. De ahí
que los procesos de desregulación laboral, y en general
de flexibilización, que se han ido imponiendo en estas
décadas, suponen la reapertura, la puesta en valor, de
la autonomía privada como elemento configurador del
contrato de trabajo y de las relaciones en la
empresa.

Pese
a que desde el plano estrictamente jurídico, el concepto
de flexibilidad no tiene cabida en ninguna institución
ni concepto jurídico, ha dejado sentir plenamente sus
efectos en la esfera de la regulación jurídica de las
relaciones laborales. Un concepto eminentemente
económico, y de utilización reciente en el ámbito de la
política del Derecho, ha trascendido de forma plena al
ámbito de la regulación jurídica, aún a pesar de que es
una noción imprecisa y ambigua, puesto que, en un
sentido amplio, es un concepto que remite a la exigencia
de que la fuerza de trabajo se adapte a los cambios
producidos en el sistema productivo y de consumo.

En la práctica, la política laboral practicada a
escala internacional bajo el principio de la
flexibilidad atiende preferentemente al objetivo de
transferir los costes humanos y sociales de la empresa a
los trabajadores y la comunidad. Se trata de una
externalización de costes propios de la titularidad de
la organización productiva a terceros públicos (poder
público) y privados (trabajadores).

Este enfoque funcional de la flexibilidad del
mercado de trabajo lo preside la creencia en una suerte
de "naturalización" de la economía, cuya propia
evolución impulsaría los cambios necesarios para su
gobernabilidad política.  Si la "eficiencia
del mercado" es el objetivo, la "flexibilidad" es el fetiche que
puede hacerlo posible[27].
El carácter fetichista de la flexibilidad se hace
expreso en el hecho de que la eficiencia de la
producción y circulación de mercancías y servicios, la
competitividad y la obtención de beneficios, se erigen
en objetivos preferentes de las políticas económicas,
relegando a un papel secundario la eficiencia de las
relaciones humanas y el bienestar.

La mercancía (trabajo) convertida en el agente
mediador de las relaciones humanas, en momentos en que
el trabajo asalariado decae, ha de adaptarse a las
condiciones que marque la ilusión del mercado autorregulado.
Ilusión derivada de que no existe como tal en el
capitalismo desarrollado, puesto qué, para que los
mercados puedan funcionar es necesario que exista un
intrincado sistema de normas, regulaciones jurídicas e
instituciones que faciliten el intercambio. En suma, el
funcionamiento de los mercados necesita de una
estructura institucional[28].

Por otro lado, la flexibilidad cumple su función
fetichista desviando la atención social respecto de la
dinámica económica fundamental del capitalismo desde las
dos últimas décadas del pasado siglo (globalización del
capital productivo y financiero), limitando el análisis
a una preocupación exclusiva por la flexibilidad e
imponiendo una única lógica y tipología a la diversidad
de las relaciones sociales[29].

Es la "era de la flexibilidad", que se expresa en
nuevos modelos organizativos de las relaciones entre
trabajadores y entre éstos y las máquinas. La flexibilidad ha
calado de forma profunda en el discurso social, su
introducción ha sido posible mediante la sutil
combinación del uso ideológico del principio de
eficiencia y mediante el uso político del paro y,
lógicamente, sus efectos se han hecho sentir en todos
los aspectos de las relaciones laborales.

La "flexibilidad laboral" se representa como la
solución más eficaz para dar respuesta a los problemas
de acumulación capitalista surgidos en la crisis de los
setenta, y que tuvo un sonado eco en un sector de la
doctrina iuslaboralista que contempló y valoró
positivamente la recuperación de espacios de libertad
individual como respuesta a las exigencias de una mayor
diversificación de las condiciones de trabajo, para así
ajustar la regulación a la realidad de un mercado de
trabajo en el que se ha ido produciendo la ruptura del
modelo fordista de trabajo. En el plano jurídico, se
concretaba en los siguientes principios: flexibilidad de la
legislación laboral, menor protección social, movilidad
de los trabajadores (funcional y geográfica), moderación
salarial y
sistemas de retribución variables.

Otro
de los obstáculos señalados por los ideólogos
neoliberales, que denunciaban y continuan denunciando
las empresas como justificación de su resistencia a
contratar personal, consistía en la protección legal que
se dispensaba al empleo. De tal modo que no les dejaba
libertad de actuación suficiente para adaptar
rápidamente la mano de obra a las fluctuaciones,
cuantitativas y cualitativas, de la demanda y, en
consecuencia, achacaban también la existencia del
desempleo a tal rigidez del sistema legal. Esto
equivalía a plantear la necesidad de adaptar el Derecho
del Trabajo para favorecer la movilidad de los
trabajadores, flexibilizando las condiciones de
contratación y de despido.
[30]

Tal demanda, asumida por los gobiernos, tuvo como
resultado el debilitamiento de la estabilidad del
empleo, haciendo que afloraran una diversidad de formas
de contratación "atípicas" que permitían la
adaptabilidad de la contratación a los cambios
cualitativos y cuantitativos de la demanda,
flexibilizando tanto las condiciones de contratación
como de despido. Desde ese momento el empleo temporal
rompió el corsé que con anterioridad caracterizaba
determinadas ocupaciones (trabajo estacional, trabajo
temporal,...) y que afectaban a una minoría de la
población activa para erigirse en la tónica general de
acceso al mercado de trabajo a partir de la década de
los ochenta y que se ha consolidado en el presente.

El
éxito de esas formas de contratación en todos los países
industrializados se debe, no a la incorporación masiva
de las mujeres al mercado de trabajo o al desarrollo
espectacular del sector terciario, sino a la posibilidad
que proporciona a las empresas practicar con menor
riesgo reajustes cuantitativos y cualitativos de sus
plantillas, evitando el coste y las formalidades
administrativas de los despidos o las nuevas
contrataciones[31].

La
consecuencia de ello es que vuelve a recuperarse el
discurso de la libertad contractual con funciones
directamente reguladoras de las condiciones de trabajo,
en detrimento de la regulación colectiva y estatal,
quebrándose, de ese modo, la homogeneidad del marco
regulador de las relaciones laborales. Los dos planos
fundamentales en los que se hizo patente el desarrollo
de la libertad contractual, fueron: la delimitación de
una gran diversidad de tipos contractuales, y la
revalorización de espacios no sometidos a la legislación
laboral.

A partir de éste planteamiento se produce un
debilitamiento del Derecho Estatal del Trabajo -incluso
del Derecho sindical- como técnica de regulación y de
control social. A pesar de que el ordenamiento laboral
no rehúsa su función integradora y de pacificación,
tiende a abandonar todo intento serio de racionalizar el
sistema de relaciones de trabajo conforme a un proyecto
igualitario y realmente participativo, y a favorecer la
implantación de un tipo de libertad individual
condicionada por la fuerza contractual de los sujetos.
La atribución de nuevos espacios a la autonomía privada,
en última instancia, se traduce en una remisión a la
voluntad unilateral del empleador que está en
condiciones de hacer valer -nuevamente- su supremacía
contractual.

En la práctica, supone la vuelta a la "versión
fuerte" del contrato de adhesión característico de los
primeros tiempos del desarrollo industrial; ya que, aún
cuando la negociación colectiva se reconoce y representa
como elemento de control de las posibles tendencias
desviacionistas del mercado, la actividad sindical
también resulta debilitada, por la situación de
precariedad y fragmentación del propio mercado de
trabajo[32].

La recuperación neoliberal del modelo privatista
de regulación jurídica de las relaciones laborales, la
libertad de contratación sin otros límites que las
reglas del mercado y la remercantilización de las
relaciones sociales, en el contexto de un mercado de
trabajo escaso y precario, han tenido su reflejo en el
estadio actual del ordenamiento del trabajo "disperso" y
"fragmentado" y ha vuelto a poner de manifiesto la
fragilidad de la "ilusión" del modelo de Estado Social
orientado hacia la implantación de un Derecho del
Trabajo uniforme.

El debilitamiento o deterioro del Derecho del
Trabajo como técnica de regulación y de control social
se traduce en una remisión a la voluntad unilateral del
empleador que está en condiciones de hacer valer su
supremacía contractual. La opción neoliberal a favor de
la revitalización del contrato de adhesión remite a un
fenómeno de reforzamiento de la disciplina laboral y
agudización de los rasgos autoritarios imperantes en las
relaciones productivas. La empresa tiende a convertirse
en una especie de vacío de control resistente a la
intervención del Estado y a la injerencia de los
sindicatos[33].

Todo
ello ha llevado a que en la actualidad los elementos
unificantes del propio sistema normativo del Derecho del
Trabajo sólo puedan obtenerse, de forma abstracta y
genérica, en los principios constitucionales de
igualdad, libertad y participación. Así, y como expresa
Romagnoli[34]:
“...tener a las espaldas el siglo XX no da a los
juristas del trabajo más seguridades que las que
tuvieron sus antepasados cuando estos tenían frente a
ellos el siglo XX”.

Es
hora de reconocer el fracaso social del
neoliberalismo

El
pensamiento neoconservador opta por medir los resultados
de una política económica desde el plano macroeconómico,
renunciando al análisis desde el plano del bienestar de
los ciudadanos y por tanto, las variables que permitirán
medir el éxito de su política se referirán,
exclusivamente, a la reducción de la tasa de inflación y
la expansión de la actividad económica, sin contemplar
sus negativos efectos sociales: disminución en la renta
y el bienestar económico de la población más pobre, y
aumento en las familias más ricas. Profundizando, de ese
modo, las diferencias entre ricos y pobres, la dualidad
social.

Para
ello, la “economía de cuento de hadas”[35]
liderada por los neoconservadores norteamericanos desde
la déceda de los ochenta, basada en la intimidación de
los trabajadores para frenar sus demandas salariales,
necesitaba crear un estado de inseguridad en el mercado
de trabajo, para lo que la desregulación y el abandono
de las políticas de protección social constituían
elementos imprescindibles.

La
desregulación estatal del mercado de trabajo, uno de los
presupuestos básicos de los partidarios de la
flexibilización a ultranza, profundizó la fragmentación
del mercado de trabajo -ya de por sí castigado con la
disminución de la demanda-, creando espacios de
desigualdad entre los propios trabajadores. El "imperio
de la ley" pasó a convertirse -en el estricto marco
laboral-, en una expresión vacía de contenido. La
regulación estatal ha muerto en aras de la libertad
contractual. El "dios" mercado ha sido satisfecho con el
sacrificio ritual de la protección social.

Por
otro lado, y en la misma línea de precariedad de la
contratación, la subcontratación constituyó otro medio
habitual para que las empresas pudieran aligerar y
flexibilizar sus plantillas, ganando terreno sin cesar
en una gama de sectores productivos cada vez más
amplios, y constituyendo la práctica generalizada de
prestación de servicios en actividades como: la
restauración, la construcción, la limpieza, la
seguridad, y demás servicios administrativos
(contabilidad, asesoría...) que antes eran prestados por
trabajadores de las propias empresas principales. Esta
práctica les permite ahorrar gastos de explotación, de
gestión, costes indirectos y demás obligaciones
inherentes a la contratación de trabajadores,
convirtiéndose en una gran generadora de empleo precario
y eventual, puesto que las empresas que trabajan con
este sistema de contratación necesitan un personal muy
flexible al que puedan contratar o despedir según sus
necesidades[36].

Una
de las consecuencias del panorama descrito, -ligada al
progresivo deterioro del empleo existente desde la
década de los setenta, en que el empleo ha perdido
calidad, y sus retribuciones son menores- ha consistido
en que, para mantener el nivel de consumo al mismo nivel
o similar que en los años dorados del capitalismo, los
trabajadores han tenido que aumentar, de hecho, la
jornada de trabajo.

Junto a las políticas de flexibilidad y de
contención del gasto público, se produjo el
debilitamiento de los sistemas de protección social,
bien reduciendo las prestaciones de desempleo en su
cuantía y duración, cuando no excluyendo directamente de
su ámbito protector a determinadas categorías de
trabajadores, como por la dificultad de cubrir los
períodos de carencia precisos para acceder a sus
prestaciones a determinadas categorías de trabajadores
eventuales o a tiempo parcial. Paralelamente, los
sistemas de protección legal del despido (causas,  cuantías de las
indemnizaciones y procedimientos de extinción de los
contratos) también se vieron flexibilizados permitiendo
a las empresas cerrar el deseado circulo de  flexibilidad y
movilidad de los trabajadores, medio reclamado
insistentemente para recuperar los anteriores niveles de
beneficios. Las facilidades otorgadas a las empresas
para despedir a sus trabajadores llegaron, en algunos
casos, no sólo a reducir la cuantía de las
indemnizaciones, sino incluso a subvencionar con dinero
público una parte importante de ellas, derivando de ese
modo hacia el erario público una parte importante del
coste que las políticas neoliberales reclamaban como
necesario para la reestructuración del "deteriorado"
aparato productivo capitalista[37].

En
definitiva, los programas sociales minimalistas
pretenden sólo asegurar al individuo el dominio de un
espacio vital y un status social de
mínima procura existencial, no se dirigen a toda la
población, se limita a la cobertura de las necesidades
sociales a un mínimo de subsistencia elemental[38].
De ahí que
se haya llegado a afirmar que el Estado del Bienestar
residual es el modelo-tipo del "liberalismo radical"
que, como organización global de la sociedad en el seno
del Estado, intenta enfrentarse al riesgo político de
una generalización de las luchas sociales y produce,
inevitablemente, una fuerte tendencia totalitaria bajo
una fachada ideológica de liberalismo[39].

Respuesta
conservadora que, por otro lado, produce una importante
pérdida de legitimidad del sistema político ante su
incapacidad manifiesta para armonizar la eficiencia
económica con la equidad social, generando una gran
polarización social, dando lugara lo que se ha
denominado una “sociedad desgarrada” [40]
cuya consecuencia política es el retorno del famoso
“problema de las clases peligrosas” del siglo XIX con la
posibilidad de rebeliones colectivas desestabilizadoras
o la generalización de la delincuencia individual, lo
que provoca una acción legislativa crecientemente
penalizadora con el resultado de un progresivo aumento
de la encarcelación, en una suerte de “limpieza social”
que afecta a la “población sobrante” del sistema,
aquellos que se sitúan en la amplia base de la piramide
social.[41]

El
miedo a la delincuencia genera la solidaridad de los dos
tercios de la población y anima la lucha contra la
inseguridad como argumento político sumamente eficaz
para estigmatizar a los desposeidos, los inmigrantes,
los pobres, los promotores de disturbios…, dando lugar
al desarrollo de un sector prospero de actividad
económica (vigilancia y seguridad), que para luchar
contra esa ameneza contrata a una parte de los pobres
para defender a los ricos de los demás pobres.

Pese
a que la respuesta neoconservadora parte de la
existencia de una "sobrecarga estructural" del Estado
del Bienestar y pretende encontrar la solución a ese
problema a través de una reducción del intervencionismo
público en la protección social, que deja a los seres
humanos solos frente a la necesidad, el discurso
desregulador no supone la renuncia a la operación de
socializar costes de la producción privada, para lo que
precisa necesariamente de la intervención pública, por
acción u omisión[42].

Tal
paradoja se ha visto plenamente confirmada por los
acontecimientos derivados de la reciente crisis
financiera mundial, y concretada en la inyección, por
parte de todos los estados de capitalismo desarrollado,
de ingentes sumas de dinero público al sistema bancario,
cuando no nacionalizando bancos en quiebra, para tratar
de evitar el hundimiento completo del soporte
financiero-especulativo característico del capitalismo
rabiosamente desregulador practicado durante las tres
últimas décadas,[43]
mientras los ejecutivos de esas corporaciones
financieras percibían abultadas sumas de dinero por
rescindir sus contratos blindados tras el meritorio
logro de hacer perder sus ahorros a millones de
ciudadanos en todo el mundo que, imbuidos de ese
espíritu especulador, de obtención del beneficio rápido,
hicieron suyos los mensajes de optimismo que trasmitían
los voceadores del liberal productivismo, asistiendo
sorprendidos al descalabro de las bolsas mundiales y al
¿fin? del llamado “capitalismo de casino” que ha
gobernado la globalización sin ningún tipo de control
estatal ni de reglas éticas, y mostrando un absoluto
desprecio por la crisis medioambiental.

Una Europa en la que crecen las
desigualdades

Los derroteros que ha tomado el proceso de
integración económica europea -así resulta de la
política diseñada por el Tratado de Maastricht- optando
decididamente por la desregulación de la actividad
económica, la flexibilización de las relaciones
laborales y la congelación de las políticas sociales, ha
aumentado la pobreza y la exclusión social en Europa. El
capitalismo desregulador ha ganado la partida del siglo
XX, hasta el punto de que la Europa
institucional se ha hecho de espaldas al modelo de
sociedad que caracterizó la postguerra, abandonando el
sueño de la emergencia de una identidad europea y la
creación de una política laboral y social común.

Y esto resulta especialmente grave si tenemos en
cuenta que una de las consecuencias de los procesos de
unión es el agravamiento de las desigualdades de todo
tipo entre personas y espacios; entre ricos y pobres;
entre poderosos y desfavorecidos. Los efectos sociales y
el incremento del malestar que se pueden derivar de la
conjunción de este fenómeno y de la disminución de las
prestaciones sociales, pueden ser verdaderamente
dramáticos. Puesto que en el proceso de unificación se
optó por relegar la cohesión social, la "Europa de las
dos velocidades" ya es un hecho.

Puede afirmarse, a poco que se observen unos
cuantos indicadores económicos y sociales, que la
característica principal de la situación europea en
1990, era la existencia de una enorme disparidad en el
grado de satisfacción de los ciudadanos de los países
miembros. Las diferencias de rentas entre regiones[44],
las tasas de escolarización de jóvenes con edades
comprendidas entre 15 y 19 años que accedían a los
diferentes niveles de los sistemas educativos y en
inversión en I+D, así vienen a demostrarlo[45].

Desigualdades, también manifiestas en el hecho de
que el 10 por ciento de la población más rica disfrutara
entre el 30 y el 35 por ciento de la renta; y que no más
del 5 por ciento de la población dispusiera de la cuarta
parte de la riqueza total.

Por otra parte, en 1990 y según datos
proporcionados por diferentes estadísticas de la propia
Comunidad Económica Europea, en su seno había 48
millones de ciudadanos pobres, 16 millones de
analfabetos, 6 millones de parados de larga duración, 11
millones de individuos sin techo y unos 10 millones de
personas en situación de pobreza extrema.

A lo largo de los noventa las disparidades no han
cesado de incrementarse y, de esa forma, el fenómeno del
malestar social ha alcanzado una extraordinaria
envergadura. Efectivamente, un estudio de la oficina
estadística de la Unión
Europea (Eurostat) confirma esa tendencia
de fondo, pues si en 1993 sitúa ya en 57 millones el
número de personas pobres, es decir, aquellas cuyo
ingreso total es inferior a la mitad de la media de
ingresos netos en su país[46],
en el año 2006 ya eran 78 millones de pobres, de los que
19 millones eran niños.

Esa extensión de la pobreza en Europa no es ajena
ni a la orientación de las políticas económicas
aplicadas, ni a su efecto directo más inmediato: el
desempleo. En efecto, los índices que recogen la
intensidad del fenómeno del desempleo no han cesado de
crecer, pero obviamente de modo muy desigual en las
distintas regiones. Hasta en las tasas de mortalidad
infantil se descubren diferencias abismales entre unas
zonas y otras.

Otra clase de desigualdad, la que se produce
entre los géneros, está asimismo considerablemente
extendida en el ámbito de la unión europea, pero las
condiciones son bien distintas de unas regiones a otras.

Estas pinceladas en torno al grado de
satisfacción social en las distintas zonas geográficas
y/o en los distintos grupos sociales de la Unión
Europea, ponen de relieve dos aspectos
que es preciso destacar: uno, que las desigualdades
eran, en los albores del mercado único, de muy profundo
calado, y el otro, que durante la primera mitad de la
década de los noventa, por lo que puede entreverse
atendiendo a los datos oficiales de la propia Unión
Europea,
éstas se han agudizado.

El ensanchamiento de las disparidades aparece
ligado al diseño de fondo del proceso de Unión Económica
y Monetaria. Y es que el primer aspecto condicionante de
la satisfacción de la población europea -los ingresos
del trabajo por cuenta ajena-, año tras año alcanzan una
menor participación respecto al total de rentas
generadas por la actividad económica. Lo que equivale a
decir que la parte correspondiente al excedente de
explotación muestra una tendencia creciente, fruto de
las políticas aplicadas.

Junto a ello, otro hecho opera sobre esta
importante caída de la renta: la dualización salarial
entre aquellos que consiguen empleo. En efecto,
progresivamente también hemos asistido a una dinámica
donde las mejoras salariales, cuando se producen,
afectan a la población asalariada con empleo estable, en
tanto los crecientes segmentos de población contratada a
tiempo parcial y en precario (en el que los inmigrantes
están muy presentes), ven abaratarse sus remuneraciones,
lo que incide de forma determinante en la apertura de la
brecha entre unos niveles y otros.

A ello se une la reducción de las transferencias
públicas y la mayor dificultad de acceso a las mismas,
como consecuencia de las restricciones impuestas al
papel redistribuidor de los Estados, lo que incide en
que la dinámica de los niveles de bienestar general sea,
obviamente, muy negativa.

Por último, similar efecto se percibe cuando
observamos la evolución en el aprovisionamiento de los
denominados bienes públicos. Y es que, derivado del
mismo empeño por constreñir el papel de lo público, las
dotaciones en sanidad, educación o infraestructuras
decrecen y se van, paulatinamente, dejando en manos de
empresas privadas. Ello supone un acceso más dificil a
esos bienes por parte de los estratos de población con
menos recursos, de una parte; y, de otra, y al tener que
pagar por ello en el mercado, un encarecimiento del
servicio.

Interesa señalar aquí, que la conjunción de estos
aspectos sobre los determinantes del bienestar social no
puede sino generar un incremento de las amplias
desigualdades existentes y, consecuentemente, una
extensión entre la ciudadanía europea de altos niveles
de insatisfacción y carencia.

Un
modelo alternativo de regulación jurídica del mercado de
trabajo. La flexibilidad ofensiva.

Los
distintos ensayos de políticas de empleo seguidas en los
países de la
OCDE desde el pasado siglo no han
servido, hasta la fecha, ni parece que puedan tener
eficacia alguna en el futuro, para resolver el problema
del paro. Ni las intervenciones económicas públicas,
subvencionando o bonificando el empleo, ni la
flexibilidad en la regulación del mercado de trabajo,
han conseguido evitar el crecimiento del paro y el
malestar social.

No
faltaron voces críticas durante estos años que advertían
que la “revolución conservadora” presentaba enormes
deficiencias analíticas y prácticas. Por un lado, se
afirmaba con gran acierto que la desregulación llevaría
a las empresas a situar la reducción de los costes
salariales como un objetivo prioritario en sus
comportamientos, dando lugar a lo que se ha calificado
como "flexibilidad estática"[47],
destinada a conseguir ventajas a corto plazo,  abandonando la
búsqueda de nuevos productos, nuevos métodos de
producción y nuevos mercados, consiguiendo aletargar el
sistema productivo y produciendo, a largo plazo, una
mayor ineficiencia de la economía.

Por
otro, la política de descentralización de las
condiciones de empleo genera, a la larga, una
dependencia mayor de las pequeñas empresas respecto a
las grandes (más competitivas). De tal modo, que en
lugar de conseguir una mayor autonomía para cada una de
las empresas y para la mano de obra (objetivo
formalmente reclamado por los neoliberales), por medio
de la descentralización se crearían más dependencias
laborales en la producción y en los mercados de
productos, resultado contrario al que se pretende con
"más mercado en el mercado de trabajo".

Y es que, el exceso de movilidad de las
plantillas, la sustitución de trabajadores cualificados,
más costosos, por trabajadores nuevos contratados en
condiciones de mayor precariedad, tanto en lo que se
refiere a la estabilidad en el empleo como en las
retribuciones, pese a que se presentaban como un remedio
para la reactivación de la economía, de los beneficios,
tiene igualmente un lado oscuro que ya fue advertido por
algunas voces autorizadas en la materia. En concreto, en
1983, Ray Marshall, antiguo ministro de Trabajo de
Estados Unidos recordaba la importancia de la dedicación
de los trabajadores a la empresa como medio de mejorar
los objetivos empresariales al decir: ...flexibilizar los
modos de producción convirtiendo la mano de obra en un
simple elemento del precio del coste puede resultar una
victoria pírrica; establecer una libertad de
contratación y despido excesivo es un arma de doble
filo, puesto que la identificación del trabajador con el
destino de la empresa es el único elemento que puede
llevarle a querer perfeccionarse y adquirir nuevas
cualificaciones, y para ello no hay nada como una cierta
estabilidad en el empleo, una protección social
conveniente y un personal informado de los proyectos de
la dirección[48].

Por su parte la American
Magament Association (AMA) y las empresas
Wyat efectuaron un estudio a principios de los noventa
en el que concluian que los reiterados recortes de
plantilla producen “menores beneficios y una
productividad descendente”.[49]

En
lo que se refiere a las políticas de mercado de trabajo,
se ha optado por una política del Derecho que liberaliza
el sistema institucional de regulación para adaptarlo a
las exigencias del mercado. Decisión coherente
con la voluntad de que no exista ningún poder
externo al mercado de trabajo capaz de establecer normas
de ius
cogens. Muy al contrario, reclaman que sea el
principio del "laissez faire"
liberal el encargado de desarrollar la función de
establecer las condiciones de regulación del contrato de
trabajo.

Tanto la orientación de la política de empleo
seguida en Europa desde la década de los 90, como la
reforma legislativa operada en nuestro país sobre el
mercado de trabajo, respondía objetivamente a esa
pretensión, consiguiendo favorecer la maximización de
los beneficios y la tasa de rentabilidad del capital
privado, por un lado y, por otro, contribuyendo a
modificar la relación de fuerza existente entre las
clases para permitir unas condiciones más óptimas de uso
y explotación de la fuerza de trabajo.

Esta opción se concreta, desde la perspectiva
jurídico-institucional, en la instauración gradual de un
ordenamiento flexible del trabajo, calificado como
"flexibilidad defensiva", que favorece la
flexibilización a ultranza, la desregulación parcial de
las relaciones laborales, formas precarias de
subcontratación y fuertes desigualdades regionales.
Forma de flexibilidad que contribuye a la dualización,
segmentación, del mercado de trabajo, el cual queda
formado, por un lado, por los trabajadores con empleos
estables y por otro, por trabajadores con empleos
precarios[50].

La "flexibilidad defensiva", al incidir en la
precarización del empleo y la reducción de las políticas
de protección social, acaba rompiendo el principio de
continuidad de las rentas del trabajo tanto en la
vertiente laboral (medidas de estabilidad del
trabajador, continuidad de la relación laboral, etc.)
como en la vertiente de protección social (política de
prestaciones económicas de sustitución de rentas de
activo), y por tanto no resulta arriesgado decir que las
medidas flexibilizadoras adoptadas conforme a este
modelo, pueden resultar contradictorias al objeto mismo
del Derecho Laboral, allí donde la intervención pública
contribuya a acentuar las desigualdades en lugar de
compensarlas.[51]

¿Flexiseguridad? No, gracias.

El último intento europeo por revitalizar la
flexibilidad, esgrimida como necesidad objetiva derivada
de la competencia internacional y la revolución
tecnológica, ha sido con el concepto: “flexiseguridad”.  Conscientes de
la fractura social que ha provocado la precarización del
empleo durantes estás últimas décadas, la “flexiseguridad”
se presenta por sus promotores como la solución a los
riesgos sociales provocados por la rabiosa flexibilidad
practicada hasta la fecha, propugnando una combinación
equilibrada entre flexibilidad organizativa y
productiva, con desregulación, y protección social. Un
coctel imposible.

El
concepto, incluido en el denominado Libro Verde. Modernizar el
Derecho laboral para afrontar los retos del siglo
XXI,[52]
pretende la “modernización” del Derecho Laboral para
conseguir el objetivo diseñado en la Estrategia
de Lisboa de crecer de manera sostenible con más y
mejores empleos. La trascendencia del tema radica en que
el documento presentado al debate público plantea por
primera vez en Europa, de manera directa, el papel que
el Derecho del Trabajo debe desempeñar en un sistema de
relaciones laborales propio de una economía de libre
mercado. La pretendida modernización del Derecho laboral
que el documento proclama no constituye más que otro
nuevo intento cínico de debilitarlo, de hacer que pierda
su objetivo original de reequilibrio de la desigualdad
implicita en las relaciones laborales capitalistas,
pretendiendo superar la segmentación del mercado laboral
que la propia flexibilidad, junto a la desregulación
practicada en estas décadas, han creado. Claro está, la
solución propuesta por la Comisión,
coherente con la lógica desreguladora que inspira sus
decisiones en materia de política de mercados
(laborales), consiste en igualar a los trabajadores en
la precariedad, haciendo que los elementos de seguridad
de los que aún gozan los trabajadores indefinidos (el
denominado “núcleo duro”) se debiliten o sencillamente
desaparezcan.

El
binomio flexibilidad/seguridad, concretada la primera en
la flexibilidad de la regulación laboral y la segunda en
la protección frente al desempleo, no constituye ninguna
novedad creativa, ya que se trata en definitiva de la
derivación del coste de la seguridad al Estado, o a los
propios trabajadores, para permitir a los empresarios
una gestión más flexible de la mano de obra que les
otorgue ventajas competitivas en el marco de la
globalización. Es decir, la clásica receta neoliberal de
socialización de costes de la producción frente a la
gestión y apropiación individual de los beneficios. [53]

Por el contrario, la opción por implantar otro
modelo de flexibilidad: "flexibilidad ofensiva", supone
un nuevo compromiso en los lugares de trabajo,
intercambiando la implicación de los trabajadores en la
lucha por la productividad y la calidad, por diversas
garantías y ventajas sociales[54]

En este modelo de "flexibilidad ofensiva", al
contrario que el modelo de flexibilidad precaria,
defensiva, se otorga preferencia a la estabilidad
laboral, a la modernización tecnológica y a la formación
profesional, y se articula a través del sistema de
negociación colectiva supraempresarial, sin excluir la
posibilidad de acuerdos tripartitos, que establezcan las
reglas de juego, compaginándolo con los convenios de
empresa que singularizan el tratamiento de las
condiciones de trabajo, el sistema de organización del
trabajo y la implicación de los trabajadores en la
gestión y dirección de la empresa.

Este modelo alternativo de organización jurídica
de las relaciones de trabajo, trata de combinar la
clásica racionalidad centralizada del Estado Social
moderno con formas plurales de racionalidad "auto
reflexiva" de los grupos sociales bajo la cobertura de
una regulación legislación promocional (o de apoyo) de
la autonomía colectiva. Un modelo dualista de regulación
que combina ley y negociación colectiva como medios
instrumentales para regular el mercado laboral, y que,
aún cuando otorga a la ley la función de fijar un marco
de regulación general, no excluye la posibilidad de
hacer uso de la negociación colectiva para flexibilizar,
sin precariedad ni inestabilidad, las relaciones
laborales en el seno de la empresa.[55]

No obstante, aún a pesar de que este modelo
mantiene una relación más equilibrada entre los diversos
mercados de trabajo, potencia al sindicato y la
negociación colectiva y apuesta por garantizar una red
de protección laboral y social (que en su conjunto
garantiza un mayor reparto de los frutos del crecimiento
de la productividad), manifiesta también una peligrosa
tendencia a apartar del "reparto" de los beneficios de
la protección laboral y social a amplios sectores de la
población, contribuyendo a la formación de una
“infraclase”, constituida por aquellas personas que
tienen una situación de mayor debilidad en el mercado de
trabajo o que se hayan completamente excluidas del
mismo.

Para evitar esas perversas tendencias hacia la
dualización social, es necesario realizar una política
global (integrada) que, partiendo de la interdependencia
entre el modelo de regulación económica y social, no se
desentienda del problema del trabajo y de la escasez de
empleo, puesto que el trabajo continúa siendo percibido
como uno de los factores más importantes de integración
social. De ahí, que un objetivo preferente de las
políticas de regulación (del trabajo y de las políticas
sociales) deberá ser facilitar el reparto del empleo,
reducir progresivamente la duración de la jornada
laboral, sin tener que disminuir la retribución del
trabajo, compensando esa reducción con un aumento de la
productividad; y estableciendo mecanismos de rentas
complementarias allí donde la reducción de la jornada no
sea posible compensarla, en su totalidad, con los
incrementos de productividad[56].

En definitiva, la estrategia del reparto del
trabajo puede tener cabida en el marco de la denominada
"flexibilidad ofensiva", siempre que las políticas de
regulación laboral no se construyan al margen de las
políticas sociales, lo cual es posible, (desde una
perspectiva jurídico-institucional) en un sistema de
relaciones laborales de carácter intervencionista, como
aún es el nuestro, que se apoya en la propia esencia del
modelo de Estado Social y Democrático de Derecho
(artículo 1º CE), y que obliga a los poderes públicos a
remover los obstáculos que dificulten que la libertad y
la igualdad sean reales y efectivas (artículo 9º. 2 CE).
Ese compromiso público se hace realidad a través de
garantizar, entre otros, el derecho al trabajo y la
promoción a través del trabajo. Todo ello, en un marco
socioeconómico en el que "toda la riqueza del
país, en sus distintas formas y sea cual fuere su
titularidad está subordinada al interés general"
(artículo 128º CE).

Precisamente por ello, el Derecho del Trabajo, ha
de cumplir su función esencial de ser un ordenamiento
compensador e igualador en orden a corregir, al menos
parcialmente, la desigualdad de origen característica de
las relaciones laborales. De tal premisa, que ha tenido
respaldo por la doctrina constitucional[57],
se puede fácilmente concluir que allí donde esa función
compensadora e igualadora ha dejado de ejecutarse, el
Derecho del Trabajo está dejando de cumplir la función
pacificadora que había venido desarrollando en el
capitalismo intervenido.

Puesto
que la crisis de la sociedad del trabajo se sitúa en el
centro de los problemas que aquejan las sociedades de
capitalismo desarrollado, hasta el punto de que el modo
en que la misma se resuelva influirá también, entre
otros aspectos, en la relación entre los sexos, se hace
necesaria una reformulación del contrato social que
ponga mayor énfasis en la idea de la justicia
distributiva y por la acción positiva de reparto. Hace
falta más “nación social” para consolidar el cemento
político y menos “nación económica” para desarrollar la
economía. Es necesario que la lógica de la “protección
social” y la lógica de “eficacia económica” se aproximen
y se conjugen entre si en torno a una política económica
democrática que tenga como objetivos esenciales: la
creación de empleo, la consecución de una distribución
más igualitaria de las rentas y la sostenibilidad
medioambiental.

En el ámbito de la Unión
Europea, frente al modelo de
liberal-conservadurismo que durante más de veinticinco
años ha regido los destinos de la Unión, es
necesario exigir, sin abandonar las políticas de
Bienestar (objetivo del modelo de flexibilidad
ofensiva), un desarrollo más rápido de las instituciones
políticas, reforzándose el espacio social dentro de
la UE; la creación de Derechos civiles de ciudadanía, que
se realizarían a través del establecimiento de derechos
sociales, universales e iguales, para todos los
ciudadanos de la UE; el establecimiento de políticas de reparto del
empleo y el trabajo; y la armonización de las políticas
laborales y fiscales de los Estados de la UE., para evitar la evasión de capitales y el dumping social
en el área geográfica de la comunidad[58].

La "Europa Social" debería ser el auténtico campo
de maniobras
para construir una verdadera Europa unida en
torno a los siguientes objetivos fundamentales: el logro
del máximo bienestar para las poblaciones implicadas,
profundizar en la democracia europea; el control
planificado de la economía europea y la producción con
objetivos sociales previamente consensuados; el
reconocimiento de la "ciudadanía integral europea" -que
exige que las políticas de redistribución de las rentas
constituyan el eje central del modelo-; y el desarrollo
práctico, sin más demora, de las políticas de
distribución del empleo y reparto del trabajo, en el
marco de un nuevo modelo de regulación jurídica de las
relaciones laborales que, en combinación con políticas
sociales activas, permita superar las actuales
disfunciones del mercado laboral y sus secuelas en el
plano del bienestar. En definitiva, situar los sistemas
de protección social europeos como piedra angular del
futuro de la Unión constituye una necesidad ineludible para hacer
posible el desarrollo pacífico de la unión monetaria y
política, y sostener el mercado único.

De lo que no cabe duda, es que una Europa Unida
en torno a los principios de armonización de los
derechos de los asalariados y de extensión de la
protección de los derechos sociales a las clases más
desfavorecidas, no encontraría grandes obstáculos para
desarrollarse porque el apoyo de la población sería
mayoritario. Esa opción encuentra, no obstante, dos
poderosos e interesados obstáculos: el aumento de los
costes en los presupuestos públicos que se derivaría de
la extensión de las medidas de protección social, que se
dice: restaría competitividad a las empresas; y las
reservas que podrían tener algunos países europeos
desarrollados para intensificar los mecanismos de
cohesión y solidaridad en favor los territorios más
atrasados de la Unión.

Pese
a la magnitud de la tarea que representa oponerse a las
poderosas fuerzas que sostienen las idéas y programas
neoliberales, entender las causas de su propio fracaso
constituye el primer paso para liberar a la gente, para
diseñar y seguir caminos muy diferentes que les permitan
superar la injusticia y el sufrimiento innecesario que
desfigura la civilización contemporánea, así como para
defender y enriquecer “la sustancia de la sociedad” para
ellos mismos y para otros, y mostrar así que los seres
humanos son algo mejor que las criaturas ridículas que
son modeladas por la ideología contemporánea y por los
intereses de poder a los que sirve.[59]

[1] Para una comprensión más detallada de la “edad
de oro del capitalismo y el empleo” véase: José Enrique Medina Castillo:
“Crisis de la
sociedad salarial y reparto del trabajo”. Edit.
Comares. Granada 1999. pp.92 y ss.

[2] El convenio núm. 122 de la OIT (1964),
ratificado por España, especifica, en su artículo 1º,
los objetivos que debe garantizar una política de
empleo: A) Que habrá trabajo para todas las personas
disponibles y que busquen trabajo. B) Que dicho trabajo
será tan productivo como sea posible. C) Que habrá
libertad para escoger empleo y que cada trabajador
tendrá todas las posibilidades de adquirir la formación
necesaria para ocupar el empleo que le convenga y de
utilizar en este empleo esta formación y las faultades
que posea, sin que se tenga en cuenta su raza, sexo,
religión, opinión política, procedencia nacional u
origen social.

[3] En 1.944, Lord Beveridge, elaboró, como
continuación al informe que realizó dos años antes a
petición del Gobierno de Inglaterra: <<Informe sobre el
Seguro Social y Servicios afines>>, un
estudio, bajo el titulo: <<Pleno empleo en una
sociedad libre>> que contenía una serie de
propuestas sobre cómo podía llevarse a la práctica el
objetivo del pleno empleo y la prevención del desempleo
masivo. El citado informe partía de una premisa: <>. Vid. Informe de Lord Beveridge: Full employment in a
Free Society , traducido al castellano como: Pleno empleo en una
sociedad libre. Edit. Mº de Trabajo y S.S. Madrid
1988

[4] Ibid. op. cit. p. 60.

[5] Celebrada el día 10 de mayo de 1944 en esa
localidad estadounidense y que supuso la redifinición de
los objetivos y fines de la organización. Uno de los
principios fundamentales de la organización que contenía
dicha declaración, era que el trabajo no es una
mercancía. Un estudio detallado de la misma, en
Nicolas Valtico: Derecho
Internacional del Trabajo. Edit. Tecnos. Madrid
1977, en particular: pp. 92-94.

[6] Vid. L. Doyal y I. Gough: Teoría de las
necesidades humanas. Barcelona 1994. pp. 109 y
sgts.

[7] Vid. J.L. Monereo: Derechos sociales de
la ciudadanía y ordenamiento laboral. Edit. CES.
Madrid 1996. p. 211. Señala igualmente Monereo que,
llegado el caso: <<...esos mismos Gobiernos
socialdemócratas (incluido nuestro país), han utilizado
también las políticas neocorporativistas para aligerar
el coste de legitimación de la aplicación de políticas
materialmente
neoliberales. En este caso, la <> ha sido garantizada por una penetración de la
autoridad estatal en las organizaciones sindicales más
representativas, reinsertando su acción en la esfera del
poder político>>. p. 212.

[8] J. Rawls: Teoría de
la Justicia.
Edit. FCE. México
1979.

[9] Crisis orgánica, en tanto el "debilitamiento del
Estado keynesiano" expresaba algo más que una crisis
económica, ya que supuso un auténtico desbordamiento del
modo de producción y de las formas de existencia del
sistema capitalista, que condujo a una crisis ideológica
y de civilización. Vid. J. Attali: La palabra y la
herramienta. op. cit. p. 44.

[10] Un estudio sobre las teorías de Hayek y sus
diferencias con el liberalismo de Smith, en Pierre
Lantz: De la main
invisible á l´ordre spontané; Roger Frydman: Individu et totalité
dans la pensée libérale. Le cas de F.A. Hayek;  ambos en Le libéralisme
économique. Interprétation et
analyses. Cahiers d´economie
politique nº 16-17. Edit. L´Harmattan. Paris
1989.

Un análisis crítico del llamado "cosmos"
hayekiano (entendido como un sistema de organización
social en el que es posible vivir de forma libre y
creadora aún a costa de las desigualdades sociales), en
J. Attali: Los
tres mundos. Para una teoría de la post-crisis.
Edit. Cátedra. Madrid 1982 pp. 28-32.

[11] Así lo advertía Karl Polany en su ya clásica
obra: La gran
Trasformación. Crítica al liberalismo económico.
Edit. La Piqueta.
Madrid 1997.

[12] La importancia del restablecimiento de la
disciplina empresarial como medio de recuperar la tasa
de beneficios capitalista, en M. Kalecki: Aspectos políticos
del pleno empleo, en Sobre el capitalismo
contemporáneo. Edit. Crítica. Barcelona
1979.

[13] Vid. S. Bowles; D. M. Gordon y T. E. Weiskopf:
Tras la economía
del despilfarro. Una economía democrática para el año
2000. op. cit. p. 92.

[14] Allan Greespan (jefe de la Reserva
Federal de EE.UU) testificó en el
Congreso norteamericano que una de las razones para el
éxito de la globalización obedecía a “…un significativo
freno en los salarios motivado por la inseguridad de los
trabajadores para pedir aumentos salariales”. Vid.
Noam Chomsky. Los
mercados y la sustancia de la sociedad, en VV.AA.:
“Los límites de
la globalización”. Edit. Ariel. Madrid 2002. pp.41 y
ss.

[15] En la indicada fecha, la
administración norteamericana se enfrentó, hasta
vencerlos, al sindicato de controladores aéreos (PATCO)
en la huelga que mantuvieron para reivindicar la mejora
de sus condiciones de trabajo. La consecuencia de esa
derrota fue que el sindicato se destruyó. Las grandes
empresas del sector (Texas Air y Eastern Air Lines)
siguieron el ejemplo y consiguieron igualmente destruir
totalmente los sindicatos de sus trabajadores. La
agresiva estrategia de confrontación llevó a muchas
empresas a trasladar sus fábricas a lugares con menor
presencia sindical, o inclusive a cerrar las
instalaciones que tenían mayor antiguedad y en las que
se concentraba el mayor nivel de afiliación, manteniendo
sin embargo aquellas de nueva creación en la que
penetración de los sindicatos aún era débil, para de ese
modo "advertir" a los trabajadores de lo nocivo de la
afiliación sindical para mantener sus puestos de
trabajo. De hecho, los propios ejecutivos de las grandes
empresas tenían la consigna prioritaria de evitar a toda
costa la sindicación en su seno.

[16] Fuente OCDE: Perspectivas del
empleo 1991. Edit. Mº de Trabajo y S.S. Madrid 1991.
p. 219.

[17] Fuente: The World Almanac
and the Book of facts, 1995, citado en Richard
Sennet: La
corrosión del carácter. Las consecuencias
personales del trabajo en el nuevo capitalismo.
Edit. Anagrama. Barcelona 2000.

[18] Vid. OCDE: Perspectivas del
empleo 1994. Edit. Mº de Trabajo y S.S. Madrid 1994.
p.428. Un análisis de la evolución y la crisis de la
afiliación sindical en nuestro país en S. Aguilar y J.
Roca:14 décembre:
économie politique d`une grève, en Goetschy, J y
Linhart D. (comps): La crise des
syndicats en Europe occidentale. La documentation
francaise. Paris 1990, y J.
Estivil y J.M. de la Hoz: Transition and
crisis: the complexity of Spanish industrial
relations, en G. Baglioni y C. Crouch (comps): Industrial relations
in Europe. The challenge of flexibility.
Sage. Londres 1990.

[19] Citado por Samir Amin: Alto a la OTAN.
El proyecto imperialista neoliberal de la
hegemonía de Estados Unidos. Edit. Campaña Estatal
por el Levantamiento de las sanciones a Iraq. Febrero
2000. Pp.18-19.

[20] Así lo denuncia Noam Chomsky. Op. cit. p.
46.

[21] La expresión corresponde a Pietro Barcellona: L´individualismo
propietario. Boringhieri.1987, traducción española:
El individualismo
propietario. Edit. Trotta. Madrid
1996

[22] Vid. J.R. Capella: Los ciudadanos
siervos. Edit. Trotta. Valladolid 1993. p. 97.

[23] Las secuelas sociales de las políticas
conservadoras en los EE.UU. y el Reino Unido, en los
estudios de: S. Bowles; D. Gordon y T. E. Weisskopf: La economía del
despilfarro, y Tras la economía del
despilfarro. ops. cits.; Sylvie Deneuve y Charles
Reeve: Viajeros
al borde de una Ámerica en crisis. Edit. La Piqueta.
Madrid 1996; Colin Crouch: La intensificación
del conflicto laboral en el Reino Unido, en VV.AA..
<>. Tomo I. Edit. Mº de Trabajo y S.S.
Madrid 1989. pp. 275-374; y M. Walzer: Las esferas de la
justicia. Una defensa del pluralismo y la igualdad.
México 1993.

[24] La revitalización del discurso ortodoxo, apoyado
en el <> de Malthus y la crítica a
la política social, proclive a hacer desaparecer el
actual sistema de protección social, y su conversión en
un sistema de beneficiencia pública o de asistencia de
pobres, en F. López Castellano y J. Ortíz Molina: El origen de las
propuestas <> sobre protección social:
El debate sobre las leyes de pobres 150 años
después, incluído en J. Torres López (coord.): Pensiones públicas:
¿ y mañana qué?
Edit. Ariel. pp.
195-208.

[25] Según la OCDE, en su informe sobre Las tendencias de
los mercados financieros, correspondiente al primer
trimestre de 1997; los procesos de privatización de
empresas públicas en que están embarcados casi todos los
gobiernos europeos y algunas economías emergentes han
supuesto unos ingresos de (100.000 millones de
dólares)14,5 billones de pesetas. Ese proceso se estuvo
produciendo de forma vertiginosa desde principio de la
década de los noventa, en que los ingresos por
privatizaciones alcanzaron los 23.000 millones de
dolares, para triplicarse en 1996, que se llegó a los
88.000 millones de dolares.

En España, a esa fecha, se habían obtenido
607.000 millones de pesetas, llegando a alcanzar al
finalizar el año 1997 la suma de 1,6 billones de
pesetas, situándose al frente de la relación de países
desarrollados que habían seguido una política de
privatización más intensiva.

[26] Así lo señala J.L. Monereo. Público y privado en
el sistema de pensiones. op. cit. pp. 30-31, y La política de
pensiones, entre Estado y mercado, en J. Torres
López (coord.): Pensiones públicas:
¿ y mañana qué? Edit. Ariel. pp.
23-41.

[27] Para G. Lukacs: La crisis de la
filosofía burguesa. Edit. La Pleyade.
Buenos Aires 1970: <<En la sociedad
capitalista el fetichismo es inherente a todas las
manifestaciones ideológicas>>. p.
19.

[28] Vid. Karl Polanyi: La gran
transformación. Crítica del liberalismo económico.
Edit. La Piqueta.
Madrid 1997 y J.L. Monereo Pérez: Introducción al
nuevo Derecho del Trabajo. op. cit. p.
106.

[29] Desde una perspectiva crítica,
A. Pollert: La
ortodoxia de la flexibilidad, en A. Pollert (Comp.):
¿Adiós a la
flexibilidad?. Madrid 1994, subraya que la
preocupación de los años ochenta por la flexibilidad y
el dualismo del mercado de trabajo ha impedido valorar
la importancia de la contradicción en las relaciones de
clase capitalista y dado vida a una nueva versión de la
sociedad industrial conservadora y de la teoría
postindustrial.

Una visión crítica de la vertiente política de la
globalización de la economía, y el "pensamiento único",
el llamado "Western
Globalists"; Gobierno global, con propuestas
alternativas al contrato socialdemócrata de aceptación e
integración
en la lógica de la burguesía, en Danilo Zolo: Cosmopolis. La
prospettiva del governo mondiale. Edit.
Feltrinelli. Milano 1995.

[30] En la sección Tribuna del diario el País de 4 de
mayo de 2008 se publicó un artículo de Javier Gómez
Navarro (ministro socialista en uno de los gobiernos de
Felipe González, y a esa fecha presidente del Consejo
Superior de Cámaras de Comercio) en el que, bajo el
título: Es el
turno del sector público realizaba, entre otras, las
manifestaciones siguientes: “En el ámbito
laboral, creo que se hace imperativa la supervisión y
control de las sentencias de las magistraturas de
trabajo. Un control ecuánime y riguroso que evite el
enorme sesgo pro trabajador de las sentencias. Y esto es
así porque la realidad nos lleva a que, si todo despido
es, de oficio, improcedente, éste termina resultando
carísimo. Más medios y una mejor eficacia y eficiencia
en la utilización de los mismos. La seguridad jurídica
así nos lo demanda”.

[31] Así lo reconoció expresamente
la
OIT en su informe: La flexibilidad del
mercado de trabajo: una selección de criterios y
experiencias. Edit. Mº de Trabajo y S.S. Madrid
1988. p. 30.

[32] Los efectos de las políticas neoliberales en la
desintegración de la clase obrera y sus organizaciones
en: José Enrique
Medina Castillo: Crisis de la
sociedad laboral y reparto del trabajo. Edit.
Comares. p. 206 y ss.

[33] Vid. J.L. Monereo Pérez: Introducción al
nuevo Derecho del Trabajo. Edit. Tirant lo blanch.
Valencia 1996. pp. 74-75.

[34] Umberto Romagnoli: El Derecho del Trabajo en
la era de la globalización: Revista de Derecho
Social nº 24. Oct-Dic. 2003. Edit.
Bomarzo. Albacete.p. 11.

[35] La expresión es de Noam Chomsky: Los mercados y la
“sustancia de la sociedad”. op.
cit.

[36] La bondad que este tipo de
políticas de privatización y desregulación representa
para las empresas se manifiesta en el hecho de que las
propias Administraciones Públicas las han acogido con
gran satisfacción para atender servicios cada vez más
variados (recogida de basuras, servicios municipales de
limpieza, limpieza y mantenimiento de edificios e
instalaciones públicas, vigilancia, preparación de
comidas y desinfección de hospitales públicos...),
beneficiándose de la reducción de costes y la
flexibilización de sus estructuras productivas, pasando
a un gran sector de trabajadores, que antes tenían el
rígido estatuto de agentes adscritos a servicios
públicos, a la más precaria situación del sector
privado.

[37] En el caso de España, un ejemplo
de éste tipo de iniciativas legales lo encontramos en el
artículo 56.4. de la ley 8/1980 de 10 de marzo, Estatuto
de los Trabajadores, en su redacción originaria, que
preveía que, ante un despido improcedente, y cuando la
empresa optara por la indemnización, ésta se reduciría
-si la empresa tenía menos de 25 trabajadores- en un 20
por ciento; y además, de la cantidad resultante, el
Fondo de Garantía Salarial abonaba un 40 por ciento.

[38] La distinción entre Estados de
Bienestar institucionales (keynesianos,
socialdemócratas) y Estados de Bienestar residuales
(neoliberales), corresponde a R.M. Titmuss: Política Social.
Barcelona 1981.

Para un análisis de los distintos tipos
nacionales de Estados del Bienestar, véase G.
Esping-Andersen Los tres mundos del
Estado del Bienestar. Valencia 1993.

[39] Vid. M. Aglietta: Regulación y crisis
del capitalismo. op. cit. p. 343.

[40] La expresión es de Alain Lipietz: “Elegir la audacia.
Una alternativa para el siglo XXI”. Edit. Trotta.
Madrid 1977. P.53.

[41] La utilización de la justicia penal como
mecanismo represivo y de exclusión social en los
excelentes trabajos de María Luisa Maqueda Abreu: La intensificación
del control y la hipocresía de las leyes penales.
Revista de información y debate Jueces para la Democracia.
Nº 61. Marzo 2008; R. Sáez Valcárcel: La justicia penal en
la estrategia de la exclusión social; y Manuel
Miranda Estrampes: El populismo penal
(Análisis crítico del modelo penal securitario),
ambos en la revista: Jueces para la Democracia.
Nº 58. Marzo 2007.

[42] Entre los costes de producción privada que son
objeto de socialización, también en la regulación
económica neoconservadora, pueden incluirse: 1.- Los
vertidos en acuíferos y otros estragos medioambientales
que empresarialmente ni se contabilizan, y cuya
reparación corren a cargo de los presupuestos públicos.
2.- El deterioro de la salud de los trabajadores y/o
ciudadanos ocasionados por actividades económicas de
lucro privado, cuyo tratamiento corre a cargo del
patrimonio público y/o de los afectados. 3.- Derivación
hacia los usuarios de bienes esenciales (electricidad,
teléfono, agua) de costes de las empresas
suministradoras debidos a deficiencias de gestión. En
España es patente esta política respecto a las
calamitosas inversiones en centrales nucleares. 4.-
Realización de obras públicas con usuarios principales
privados y no generales o públicos. 5.- Financiación
parcial del sistema de seguros de las grandes empresas
por los seguros de los pequeños usuarios. 6.- Avales y
garantías económicas públicas para empresas privadas,
eliminando el riesgo del capital. 7.- Financiación
indirecta de las materias primas a empresas de lucro
privado en el área de los medios de comunicación y mass media. 8.-
Subvenciones (vía fiscal, concediendo privilegios o
directamente con aportaciones económicas públicas) al
empleo, a la reconversión, a la concentración de las
empresas. 9.- La inversión pública en I+D cuyas
investigaciones son finalmente cedidas a las grandes
corporaciones para su lucro. El caso de internet o la
investigación en bioteconología son ejemplos muy
llamativos de ese tipo de
trasnferencias.

[43]
Sólo en nuestro país el Gobierno decidió destinar
hasta un total de 150.000 millones de € en apoyo del
sector financiero dentro del marco del Plan de Acción
concertada en la UE. A tal efecto, véanse los Reales
Decretos Leyes nº 6/2008, de 10 de octubre, por el que
se crea el Fondo
para la Adquisición de Activos
Financieros, y nº 7/2008, de 13 de octubre, de Medidas Urgentes en
Materia Económica-Financiera en relación con el Plan de
Acción Concertada de los Países de la Zona Euro (BOE 14-10-2008) y la Orden EHA/3118/2008, de 31 de octubre, por la que se desarrolla
el RDL 6/2008, de 10 de octubre. (BOE
3-11-2008).

[44] En 1990, firmada ya el Acta Única y todavía
antes de la redacción del Tratado de Maastricht, el
Producto Interior Bruto per capita (PIBpc)
de la región más rica entonces (Groningen -Países
Bajos-) era 4,5 veces mayor que en la región más pobre
atendiendo a esa magnitud (Voreio Aigaio -Grecia-); el
PIBpc de las diez
regiones europeas de mayor nivel era 3,4 veces superior
que el de las diez más pobres; el 60% de las regiones
europeas (104 de un total de 175), cuya población
representaba aproximadamente al 52% del total de
la
Comunidad, se encontraban por debajo de
la media comunitaria relativa al PIBpc.
De ellas, 11 regiones no llegaban a la mitad de la media
y 35 no superaban el 75%. Puede dar una idea de la
magnitud de las disparidades regionales el que el
PIBpc correspondiente a
la región europea de mayor magnitud fuera -ese año- 1,6
veces mayor que el de la región española mejor situada
(Baleares) y 3,7 veces que el de la peor
(Extremadura).

[45] En 1990, el 75% de la inversión total
comunitaria en investigación y desarrollo correspondía a
la realizada en tres -de los quince- países: Alemania,
Francia y el Reino Unido.

[46] De ellos, la mayor parte corresponde al Reino
Unido (12,8 millones) -lo que avala la tesis de que la
"revolución conservadora", encabezada por Thatcher,
acrecentó notablemente las desigualdades-. En términos
absolutos, Italia (con 10,8 millones) sigue al  Reino Unido, y
precede a Alemania (9 millones) y a España
(7,6
M.). En términos relativos,
Portugal, con el 26% de sus habitantes en esa situación,
encabeza la lista, y el Reino Unido, con el 22%, también
destaca. En España, con un 19%, la situación era
asimismo bien distinta de la de Dinamarca que, con un
6%, aparece como el país que inferior nivel de pobreza
mostraba.

[47] Vid. Sengenberger: Política de mercado
de trabajo y empleo en la República
Federal de Amenaia: Principios, políticas
e instituciones. op. cit. Vol II. p.
28.

[48] Vid.
Ray Marshall, prólogo al libro de Philip L. Martin: Labor displacement
and public policy. Lexintong Books. Massachussets
1983.

[49] Vid. Richard Sennett: op. cit. p.
51.

[50] Vid. A. Lipietz y D. Leborgne: Flexibilidad
ofensiva, flexibilidad defensiva. Dos estrategias
sociales en la producción de los nuevos espacios
económicos, en G. Benko y A. Lipietz: Las regiones que
ganan. Valencia 1994. pp. 331 y ss.

[51] Cfr. José Luis Monereo Pérez: Introducción al
nuevo Derecho del Trabajo. op. cit. pp.
132-133.

[52] Presentado por la Comisión
Europea en Bruselas en el 2006. COM(2006)
yyy final.

[53] Visiones críticas de la “flexiseguridad” y el
Libro Verde del empleo, en: A. Baylos y J. Pérez Rey: Sobre el Libro
Verde: Modernizar el Derecho Laboral para afontar los
retos del siglo XXI. Cuadernos de la
Fundación Sindical de Estudios. Madrid
2006; Mireya Llobera: Algunos apuntes
sobre la “flexiseguridad” desde la perspectiva
comunitaria: El imperativo de la competitividad y el
empleo en las reformas del despido en España y en
Europa. RDS. Edit. Bomarzo. Albacete 2007, y
Miquel Falguera:
El Libro Verde y
el Derecho del Trabajo: No es eso. Ejemplar
mimografiado. Barcelona 2007; Gianni Arrigo: Un breve commento
al  Libro
Verde sulla modernizzazione del diritto del lavoro.
Universitá di Bari. Ejemplar mimográfiado. A destacar
igualmente las aportaciones críticas realizadas por las
centrales sindicales CC.OO y UGT y la CGLI
italiana.

[54] Vid. A. Lipietz y D. Leborgne: Flexibilidad
ofensiva, flexibilidad defensiva. Dos estrategias
sociales en la producción de los nuevos espacios
económicos, op. cit. pp. 331 y ss; y José Luis
Monereo Pérez: Introducción al
nuevo Derecho del Trabajo. op. cit. pp.
134-135.

[55] Vid. José Luis Monereo Pérez y José Enrique Medina Castillo:
La ordenación
jurídico-política del tiempo de trabajo y el reparto del
empleo.
Revista de Ciencias Sociales. Sistema nº 150.
Madrid 1999.

[56] Un desarrollo más detallado de las propuestas
lege ferenda encaminadas a la redistribución del trabajo
y demás políticas de solidaridad social en: José Enrique Medina Castillo.
op. cit. pp. 437 y ss.

[57] STC 3/1983, de 3 de enero, entre
otras.

[58] La existencia de alternativas de política
económica, al margen de la UE, sin que ello
suponga un caos, y la aspiración de crear un modelo de
UEM en el que los paises se integren en la misma, sólo
si ellos quieren, en Vicenc Navarro: La unidad monetaria,
Maastricht y los Estados del Bienestar. Notas
comparativas de la UE con EE.UU., op. cit. pp.
87-88; M. Aglietta: The transiction to
EMU: structurl and estrategic aspects. Ponencia en
el Federal Reserve Bank of New York. Research Paper
9511. Federal Reserve Bank of New York 1995; y P. de
Grauwe: Alternative
strategies towards monetary union. European Economic
Review 39, 1995. Ambos citados, en Miren
Etxezarreta: El
Tratado de Maastricht y sus posibles alternativas: una
visión desde el sur. op. cit.; José Vidal-Beneyto:
Por una Europa
política, social y ecológica. Edit. Foca. Madrid
2003.

[59] Vid. Noam Chomsky. Op. cit.
p.46.

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