APLICACIÓN DE LA CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA UNIÓN EUROPEA POR LA JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA
Miguel CARMONA RUANO
25 abril 2006
I.- VALOR JURÍDICO DE LA CARTA

Cuando se encontraba en discusión para el Consejo de Niza la aprobación de una Carta de Derechos Fundamentales en la Unión Europea MEDEL ya se ocupó  de su estudio y elaboró una opinión en la que poníamos de manifiesto que, aunque sus autores, sin duda para facilitar su aprobación, se cuidaran de proclamar en el preámbulo que el único alcance de la Carta era dotar de “mayor presencia” (“visibilité” decía el texto francés) a los derechos fundamentales, el hecho de su proclamación en un texto como el que se aprobó finalmente acabaría confiriéndoles un valor jurídico, aunque fuera por la vía de su consideración como principios generales comunes de nuestros ordenamientos jurídicos. Por ello era importante que su proclamación representara un avance y una profundización respecto de los derechos ya reconocidos, y no un retroceso en búsqueda de un denominador común.
El análisis de la jurisprudencia española desde su proclamación no ha hecho sino confirmar esta previsión.
Incluso, de modo expreso, en una S.ª del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en la que se recogía el derecho a una buena administración, reconocido en el art. 41 de la Carta, se razona sobre su valor jurídico en estos términos:
Por lo demás, tanto los derechos de defensa (...) como la obligación que incumbe a la Administración de motivar sus decisiones vienen siendo objeto de atención particular en los instrumentos de derechos humanos más recientes, como señaladamente en el artículo 41 (derecho a una buena administración) de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea (DOCE C-364 de 18 de diciembre de 2000) que, pese a ser proclamada solemnemente el 7 de diciembre de 2000 en el Consejo Europeo de Niza sin valor jurídico obligatorio o vinculante, sí viene siendo utilizada como parámetro interpretativo tanto en el seno del Tribunal de Justicia (cfr. Conclusiones del Abogado General invocando el artículo 41 de la Carta en el asunto Z contra Parlamento Europeo que dio lugar a la sentencia de 27 de noviembre de 2001) y el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea (cfr. su sentencia de 30 de enero de 2002 dictada en el asunto max.mobil telekommunikation Service GmbH contra Comisión, en donde se cita igualmente el artículo 41 de la Carta), como por los más altos órganos jurisdiccionales internos (entre ellos, el Tribunal Constitucional -vid. STC 53/2002 de 27 de febrero, dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 2994/1994- o el Tribunal Supremo -entre otras muchas, SSTS, Sala contencioso-administrativa de 26 marzo 2002, recurso 8220/1997; de 27 marzo de 2002, recurso 8218/1997; y de 2 de abril de 2002, recurso 9932/1997).

	El mismo ponente, en otra sentencia posterior, también con una referencia al derecho a la buena administración, vuelve a analizar el valor jurídico de la carta en estos términos:
Así, por ejemplo, la obligación de motivar los actos administrativos se ha llegado a configurar incluso como un derecho fundamental dentro del más amplio derecho a la buena administración recogido en el artículo 41 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea (DOCE de 18 de diciembre de 2000, Serie C-364). Sobre este particular, conviene efectuar dos observaciones: de un lado, es cierto que esta Carta no se ha configurado en principio como un instrumento vinculante, sino sólo como un texto proclamado solemnemente al máximo nivel político de la Unión Europea en el Consejo Europeo de Niza de 2000; y, de otro lado que, en el caso que nos ocupa no nos hallamos ante actos administrativos dictados por los órganos o instituciones de la Unión ni ante actos administrativos dictados por los órganos nacionales en aplicación del Derecho de la Unión (artículo 51 de la Carta). Ahora bien, también es cierto que la Carta viene a reafirmar (así lo expresa en su Preámbulo) "los derechos reconocidos especialmente por las tradiciones constitucionales y las obligaciones internacionales comunes de los Estados miembros, el Tratado de la Unión Europea y los Tratados comunitarios, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, las Cartas Sociales adoptadas por la Comunidad y por el Consejo de Europa, así como por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos". De hecho, en lo que afecta al principio de buena administración, el propio Tribunal de Justicia comunitario ya sostuvo hace unas décadas (sentencia de 4 de julio de 1963 dictada en el caso Maurice Alvis contra Consejo de la CEE - asunto 32-62- ), se trata de "una regla generalmente admitida en el Derecho Administrativo en vigor en los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea" y "que esta regla, que responde a las exigencias de una sana justicia y de una buena administración, debe ser observada asimismo por los organismos comunitarios". Por último, no debe olvidarse el paralelismo y conexión que guarda esa declaración preambular de la Carta de Niza con el artículo 6.2 del Tratado de la Unión Europea, a tenor del cual "la Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales del Derecho comunitario.

	II.- CITAS DE LA CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA

Este reconocimiento de su valor como principios interpretativos de los derechos fundamentales queda confirmado por las numerosas citas de la Carta en la jurisprudencia española. A través de la base de datos de jurisprudencia del CENDOJ (Centro de Documentación Judicial), que recoge las sentencias del Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Audiencias Provinciales se pueden localizar al día de hoy 331 sentencias con citas de la Carta de Derechos Fundamentales en la Unión Europea.

	1.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

	En primer lugar hay que señalar que no son sólo los tribunales ordinarios los que la han citado. También el Tribunal Constitucional, en la S.ª 53/2002, de 27 de febrero de 2002, referida al derecho de asilo, recogió en sus fundamentos jurídicos la cita del precepto correspondiente de la Carta, en este caso el art. 19.

	2.- ARTÍCULOS MÁS CITADOS

	Un primer análisis de las sentencias que han citado la Carta pone de manifiesto que el mayor número se centra en dos principios, el ya señalado de “buena administración”, reconocido en el art. 41, que se cita en buen número de sentencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo como apoyo a los fundamentos sobre la obligación de la Administración pública de motivar sus decisiones, y el derecho de propiedad y la garantía frente a la confiscación no indemnizada de bienes, recogido en el art. 17.1, que se cita también por las Salas de lo Contencioso-Administrativo en asuntos sobre expropiación forzosa y fijación del justiprecio, también como apoyo a los argumentos sobre la obligación de indemnizar.
	
	3.- PRIMERAS CITAS

La primera sentencia registrada en que lleva a cabo una cita de la Carta es una de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y se refiere al permiso de trabajo exigible a trabajadores extranjeros y el derecho de no discriminación. Se trata de la S.ª 1137/2000, de 7 de diciembre de 2000 (antes incluso de la publicación de la Carta en el DOUE), de la Sec. 2ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (ponente Celsa Picó Lorenzo). El texto de la cita es el siguiente:
Además ni la "Carta Social Europea" ni el "Convenio europeo del Estatuto Jurídico del Trabajador migrante", ambos signados por España, comportan al extranjero mas que el derecho a no ser discriminado respecto al nacional en el ámbito protector de la seguridad social y la legislación laboral (desempleo, despido...). Se parte de la necesidad de la autorización previa al trabajo, o, en su caso, a la residencia, por la autoridad de cada país ( art. 8 Convenio Europeo de 24 de noviembre de 1977 ). Tampoco el Proyecto de “Carta Europea de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea” elaborada mediante la participación conjunta de instituciones comunitarias y Estados Miembros de la Unión Europea altera sustancialmente el antedicho marco pues determinados derechos se los atribuye exclusivamente a "los nacionales de terceros países autorizados a trabajar”

El texto se reitera luego en muchas otras resoluciones sobre la misma materia con la misma ponente y de otros de la misma Sala (como Dimitry Berberoff Ayuda)
	
	4.- RECEPCIÓN DE LA CARTA POR EL TRIBUNAL SUPREMO

La recepción de la Carta en el Tribunal Supremo tiene lugar muy poco después de su promulgación, como consecuencia del rechazo de una cooperativa de pescadores de la Albufera de Valencia (que ejercía derechos de pesca en ella) a la admisión de mujeres. La Sala 1ª, de lo Civil, del Tribunal, en S.ª 93/2001, de 8 de febrero de 2001, (ponente, Ignacio Sierra Gil de la Cuesta) dictada pues apenas mes y medio después de la publicación de la Carta, rechaza tal exclusión con cita de los preceptos constitucionales españoles que prohíben la discriminación de la mujer. El fundamento jurídico se refuerza con las siguientes citas:

Y en el mismo sentido, hay que constatar que la cuestión y esta solución ya se puede estimar como un hito de principio común dentro de los distintos sistemas jurídicos de los distintos Estados de la Unión Europea, y ello debido a la influencia constante, continua y progresiva de la jurisprudencia europea en los distintos derechos nacionales.
Y así, el artículo 141 del Tratado de la Comunidad Europea -C.E.-, surgido del Tratado de Amsterdam y que se basa en el artículo 119 del Tratado de la Comunidad Económica Europea -C.E.E.- establece la garantía de aplicar el principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos. 
Pero es el Tribunal de Justicia Europeo el que ha reconocido en la sentencia "Defrenne III" que el principio de igualdad de trato en materia laboral del hombre y de la mujer se encuentra no en dicho artículo 119, sino en la Directirva 76/207
Sin embargo, no se puede olvidar y a mayor abundamiento que la sentencia "Coloroll Pension Trustees" de dicho Tribunal de Luxemburgo, establece en su apartado 26 la prohibición de discriminaciones entre los trabajadores masculinos y femeninos se impone no solo a las autoridades públicas, sino también a los contratos particulares que regulan el contrato por cuenta ajena; y se refiere a la sentencia "Defrenne II", que establece el efecto directo del referido artículo 119 del Tratado C.E.
Pero es más en el proyecto (sic) de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su Capítulo Tercero se proclama la igualdad del hombre y la mujer, prohibiendo cláusulas discriminatorias  desde un punto de vista general y laboral.

	5.- EL DERECHO DE PROPIEDAD Y LA INTERDICCIÓN DE LAS CONFISCACIONES Y EXPROPIACIONES SIN INDEMNIZACIÓN

	La cita siguiente en el Tribunal Supremo, en orden cronológico, se produce en la Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, con ocasión de uno de los muchos procesos derivados de la expropiación del grupo Rumasa. La cita se refiera a la prohibición de confiscación de bienes, del art. 17. Se trata de la S.ª de 3 de abril de 2001, de la Sección 6ª de dicha Sala (ponente Juan Antonio Xiol Ríos)
	En el derecho europeo se ha consolidado el principio de interdicción de la confiscación.
	Este proceso histórico (...) explica también que la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea (2000/C 364/01), que puede consultarse en el DOCE, número C364, de 18 de diciembre de 2000, haya considerado necesario incluir en el capítulo que dedica a las libertades; un artículo 17, sobre el derecho de propiedad que, en lo que aquí interesa, dice esto: Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida
Y este mismo proceso histórico permite entender también lo que sobre este tema de la indemnización ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia de 23 de noviembre de 2000, en relación con la demanda de miembros de la ex-familia real de Grecia contra Grecia, presentada ante la Comisión el 21 de octubre de 1994, por la confiscación de bienes de su propiedad llevada a cabo por el Gobierno griego sin mediar indemnización.

	La misma Sala vuelve a citar este precepto poco después, en varios votos particulares de uno de los magistrados, Jesús Ernesto Peces Morate, también con motivo de la expropiación de Rumasa.
	En otra sentencia posterior, de 11 de junio de 2001, de la misma Sala, el mismo magistrado discrepante añade a sus razonamientos el siguiente párrafo, en el que se habla de un valor jurídico concreto del reconocimiento de un derecho por la Carta:
Inútil resulta añadir, porque está implícito en lo que vengo diciendo, que no sólo los derechos y libertades reconocidos en ese capítulo segundo del título I de la Constitución, de los que habla el artículo 53, tienen un “contenido esencial”, sino cualquier otro derecho. Porque, insisto, el tener un ser, una esencia, una sustancia definidora es propio de todo ente y, en consecuencia, de todo derecho, sea o no un derecho fundamental, y, en nuestro caso, el derecho de propiedad. Y esto sin necesidad de abordar, aquí y ahora, el problema que se plantea como consecuencia de que, conforme a la reciente Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea (2000/C 364/01), el derecho de propiedad tiene naturaleza de verdadero y propio derecho fundamental

	Este precepto de la carta se cita luego en muchas otras sentencias de tribunales de lo Contencioso-Administrativo, tanto de los Tribunales Superiores de Justicia como del Tribunal Supremo, siempre referidas a la expropiación forzosa y la fijación del precio, en alguna de las cuales (p.ej., S.ª de 21 de junio de 2005, ponente Margarita Robles Fernández), el precepto del art. 17.1 de la Carta se había invocado por el recurrente como uno de los apoyos de su recurso.
	
	6.- EL DERECHO A LA BUENA ADMINISTRACIÓN Y LA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

Como ya se ha señalado, el mayor número de las citas a la Carta en la jurisprudencia española se refiere al art. 41 de la Carta, sobre el “Derecho a una buena Administración”, que incluye “la obligación que incumbe a la Administración de motivar sus decisiones”.
La primera cita de este derecho se encuentra en una S.ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en S.	ª de 27 de diciembre de 2001, ponente Rafael Fernández Valverde. El ponente, tras exponer el derecho interno sobre la exigencia de motivación de los actos administrativos, añade: 
Motivación que, a su vez, es consecuencia de los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad enunciados por el apartado 3 del art. 9 CE de la Constitución y que también, desde otra perspectiva, puede considerarse como una exigencia constitucional impuesta no sólo por el art. 24.2 CE sino también por el art. 103 (principio de legalidad en la actuación administrativa). Por su parte, la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, proclamada por el Consejo Europeo de Niza de 8/10 de diciembre de 2000 incluye dentro de su artículo 41, dedicado al "Derecho a una buena Administración", entre otros particulares "la obligación que incumbe a la Administración de motivas sus decisiones”.

Otra ponente, de la misma Sala, María Asunción Salvo Tambo, reproduce el párrafo en una sentencia posterior, y tras ello otra magistrada, Felisa Atienza Rodríguez, hasta que la cita se ha convertido en un párrafo-tipo que se reproduce en buen número de resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con el siguiente texto:

En relación con la falta de motivación alegada debe recordarse que la STS de 14 de marzo de 1995 , advierte que la falta de explicación objetiva que permita formular, en su caso, oposición con cabal conocimiento de sus posibilidades impugnatorias, constituye una práctica indefensión susceptible de acarrear la nulidad del Acta; doctrina ésta corroborada por la también STS de 15 de abril de 2000 . La exigencia de motivación de los actos administrativos constituye una constante de nuestro ordenamiento jurídico y así lo proclama el art. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (antes, art. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 ), así como también en el art. 13.2 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero de Derechos y Garantías de los Contribuyentes , teniendo por finalidad la de que el interesado conozca los motivos que conducen a la resolución de la Administración, con el fin, en su caso, de poder rebatirlos en la forma procedimental regulada al efecto. Motivación que, a su vez, es consecuencia de los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad enunciados por el apartado 3 del art. 9 CE de la Constitución y que también, desde otra perspectiva, puede considerarse como una exigencia constitucional impuesta no sólo por el art. 24.2 CE sino también por el art. 103 (principio de legalidad en la actuación administrativa). Por su parte, la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, proclamada por el Consejo Europeo de Niza de 8/10 de diciembre de 2000 incluye dentro de su artículo 41, dedicado al "Derecho a una buena Administración", entre otros particulares "la obligación que incumbe a la Administración de motivar sus decisiones".

	Se trata, por tanto, como puede apreciarse, de un argumento ex abundantia, que refuerza una tesis sobre la exigencia de motivación que ya se venía sosteniendo por la jurisprudencia.
	Las sentencias en las que se reproduce tal párrafo-tipo son numerosísimas.
	En otras resoluciones de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo también se invoca el derecho a la buena administración y la obligación de motivar las resoluciones administrativas, con textos diferentes. Entre ellas están las ya mencionadas sentencia 1095/2002, de 5 de julio de 2002 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sec. 1ª (ver nota 1), y 1924/2002, de 4 de diciembre de 2002 (ver nota 2). 
	También, más recientemente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo invoca este precepto. Ya lo hizo en S.ª de 30 de noviembre de 2004 y, tras ella, lo hacen entre otras, como la de 14 de marzo de 2005, la de 23 de marzo de 2005, la de 23 de noviembre de 2005 y la S.ª de la Sección 3ª de dicha Sala de 13 de diciembre de 2005 (ponente José Manuel Bandrés), relativa al traslado a Cataluña de fondos documentales confiscados durante la Guerra Civil en los archivos de la Generalitat.

El deber de la Administración de motivar sus decisiones es consecuencia de los principios de seguridad jurídica y de interdicción de las arbitrariedad de los poderes públicos, que se garantizan en el artículo 9.3 de la Constitución ; y puede considerarse como una exigencia constitucional que se deriva del artículo 103, al consagrar el principio de legalidad de la actuación administrativa, según se subraya en la sentencia de esta Sala de 30 de noviembre de 2004.
El deber de motivación de las Administraciones Públicas se engarzar en el derecho de los ciudadanos a una buena Administración, que es consustancial a las tradiciones constitucionales comunes de los Estados Miembros de la Unión Europea, que ha logrado su refrendo normativo como derecho fundamental en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada por el Consejo de Niza de 8/10 de diciembre de 2000, al enunciar que este derecho incluye en particular la obligación que incumbe a la Administración de motivar sus decisiones, que se ha incorporado al Tratado por el que se establece una Constitución para Europa en su artículo II, 101.2 c).».

	Y asimismo lo hace con normalidad, y con textos propios, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, como la S.ª de su Sección 7ª de 10 de noviembre de 2005 (ref. CENDOJ 28079230072005100718, pte. Begoña Fernández Dozagarat), con este texto:
 
 	No olvidemos que la exigencia de motivación de los actos administrativos constituye una constante de nuestro ordenamiento jurídico y así lo proclama el art. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (antes, art. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 ), así como también en el art. 13.2 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero de Derechos y Garantías de los Contribuyentes , y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada por el Consejo Europeo de Niza de 8/10 de diciembre de 2000 incluye dentro de su artículo 41, dedicado al "Derecho a una buena Administración", entre otros particulares "la obligación que incumbe a la Administración de motivar sus decisiones". 
De ahí, que el Tribunal Supremo haya venido exigiendo reiteradamente el cumplimiento de los requisitos de motivación de las actas de acuerdo con la exigencia recogida en el art. 145.b de al LGT que establece que en las actas de la Inspección se consignaran "los elementos esenciales del hecho imponible" , estableciendo el artículo 56.3 del RGIT ( R.D 939/1986 de 25 de abril ) que "en las actas de disconformidad se expresaran con el detalle que sea preciso los hechos y, sucintamente, los fundamentos de derecho en que se base la propuesta de regularización, sin perjuicio de que en el informe ampliatorio que posteriormente ha de hacer el actuario, se desarrollen dichos fundamentos"

Este mismo derecho a la buena administración, pero en otra faceta, la del derecho del administrado de acceso al expediente administrativo, es contemplada por otra sentencia coetánea del mismo tribunal y ponente, la S.ª 1094/2002, de 5 de julio de 2002:

En este marco, ese derecho de acceso al expediente con plazo suficiente para examinar los documentos (en este supuesto, señaladamente las actas de la inspección), forma parte de un derecho que en el ámbito de la Unión Europea (Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, proclamada por el Consejo Europeo de Niza el 7 de diciembre de 2000, publicada en el DOCE C 364 de 18 de diciembre de 2000) se ha calificado como derecho a una buena administración, y que para esta Sala ha sido respetado por la Administración demandada bajo la óptica analizada. Efectivamente, el Tribunal de Justicia ha declarado que los principios generales del Derecho comunitario que regulan el derecho de acceso al expediente "tienden a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de defensa" (sentencia de 8 de julio de 1999 dictada en el caso Hercules Chemicals contra Comisión, apartado 44), de modo que ese acceso tiene por objeto "permitir a los destinatarios de un pliego de cargos tomar conocimiento de las pruebas que figuran en el expediente", a fin de que, basándose en tales documentos puedan pronunciarse adecuadamente sobre las conclusiones a las que ha llegado la Administración (sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de abril de 1995, dictada en el caso BPB Industries y British Gypsum contra Comisión, apartado 45); por todo ello, la Administración debe otorgar un plazo razonable para que el sancionado pueda examinar el expediente y preparar convenientemente los motivos en su defensa, especialmente si el expediente es voluminoso (cfr. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de octubre de 2001, sobre sanción disciplinaria a funcionario comunitario el Banco Central Europeo).

	Esta dimensión del derecho de audiencia previo a la adopción de decisiones desfavorables, también derivado del art. 41 de la Carta, es asimismo citada en otra sentencia del mismo ponente, la núm. 1572/2002, de 1 de octubre de 2002, en estos términos:
En suma, la Sala no aprecia que se haya generado indefensión, no resintiéndose así ese "derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente", como aparece formulado en el marco del denominado "derecho a la buena administración" en instrumentos internacionales recientes como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea proclamada en el Consejo Europeo de Niza de diciembre de 2000 (DOCE serie C-364, de 18 de diciembre de 2000).

	7.- LA CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA UNIÓN EUROPEA EN LA JURISPRUDENCIA PENAL: EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS.

	Ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se alegó por primera vez por el recurrente en casación, condenado por tráfico de estupefacientes, como uno de los motivos del recurso (el 31º) la vulneración “de la Carta” por utilización de prueba que, en su alegación, era ilegítima (resultante de escuchas telefónicas). La alegación era omnicomprensiva: “Por vulneración de preceptos constitucionales al amparo del art. 5.4 LOPJ y del art. 852 LECr. recientemente introducido por la disposición final 12 LEC 2000 por infracción del art. 18.3 CE, interpretado conforme a la Carta 2000/c364/01 de los Derechos Fundamentales de la UE (DOCE18 de diciembre de 2000) y conforme al Informe explicativo 2000/c370/02 del Convenio de 29 de mayo de 2000 relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los EEMM de la UE (DOCE29 de diciembre de 2000), todo ello por exigencia de los arts. 93 y 94 CE. Una alegación así concebida no encontró eco alguno en la Sala 2ª del Tribunal Supremo que, en su sentencia, la núm. 229/2002, de 18 de febrero de 2002 (ponente Enrique Bacigalupo), tras analizar el motivo conforme a la legislación interna, dijo simplemente lo siguiente: “Totalmente irrelevante para el caso es la cita del Tratado de Schengen y de la carta de Derecho de la Unión Europea, pues las normas citadas no son aplicables al caso”.
	Pero la Carta sí ha encontrado hueco por la vía del principio de proporcionalidad de la pena. La primera cita de este principio aparece en la S.ª de la Sala 2ª del TS núm. 1948/2002, de 20 de noviembre (ponente Joaquín Giménez García), con esta redacción:

La vigencia del principio ha quedado más consolidada si cabe con su explícito reconocimiento en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, aprobada por el Parlamento Europeo, por el Consejo de la Unión y por la Comisión Europea el 7 de Diciembre de 2000--, cuyo artículo 49, que lleva el significativo título "de los principios de legalidad y la proporcionalidad de los delitos y de las penas", prevé en su párrafo 3º que "....la intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación a la infracción....". 
En definitiva podemos afirmar que el principio de proporcionalidad, junto con el de culpabilidad, aquel de naturaleza objetiva, y este subjetivo, se convierten en los dos referentes a tener en cuenta para individualizar judicialmente la pena, porque esta debe ser la justa compensación al grado de culpabilidad del sujeto y a la gravedad intrínseca del delito, de suerte que en ausencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, la pena a imponer debe ser el precipitado de las exigencias derivadas de ambos principios en la medida que concurran en el supuesto enjuiciado.
	La cita del principio de proporcionalidad no es baladí, pues conforme a este principio se casa la sentencia y se reduce la pena, que se había impuesto, de 8 años y 6 meses de prisión.
	Otra sentencia del mismo ponente, de 20 de abril de 2004, también cita el art. 49.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para reducir proporcionalmente la pena, computando la ya impuesta en otro proceso. Esta sentencia de 20 de abril de 2004 es luego citada por otros tribunales, como la Sección 16ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en S.ª 7/2005, de 1 de febrero de 2005 (ponente M.ª de los Ángeles Barreiro Avellaneda); o la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza, S:ª 27/2005, de 23 de marzo de 2005, ponente Nicolasa García Roncero que afirma, con apoyo en dicha sentencia, que 
(...) el principio de proporcionalidad que, como se recuerda en la STS 1948/2002 de 20 de noviembre , si bien no aparece recogido expresamente en la C.E. , no cabe duda de su existencia y presencia como derivado del valor justicia al que se refiere el articulo 1.1 de la C.E . como valor supremo, en cuanto que en sí mismo considerado, integra la prohibición de exceso y se conecta con la idea de moderación, medida justa y equilibrio, y ello tanto dirigido al quehacer del legislador como del aplicador del derecho, pues tanto aquél como autor de las normas jurídicas, como éste en cuanto responsable de la realización concreta del derecho en cada resolución, deben respetarlo.
Principio de proporcionalidad que, actualmente ya tiene un expreso reconocimiento en el marco de la Unión Europea, pues el articulo 49-3 de la Carta de Derechos Fundamentales aprobado en Niza el 7 de diciembre de 2.000 se declara expresamente ".... la intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación la infracción.

Las invocaciones de este principio, que como se ha dicho no tenía acogida expresa en nuestra Constitución, se convierte por tanto en apoyo formal de la decisión de fondo de reducir la pena.
Recientemente, en la S.ª 1395/2005, de 23 de noviembre de 2005 (ponente Andrés Martínez Arrieta), es la parte recurrente quien invoca de modo expreso este derecho reconocido en el art. 49.3 de la Carta. El Tribunal desestima el recurso con unos fundamentos jurídicos basados por completo en el derecho interno.
	Otras citas de la Carta por la jurisprudencia penal se refieren al derecho a la presunción de inocencia.	La primera cita que se encuentra es meramente formal, incluida en la relación final de los preceptos legales vistos, en la S.ª 627/2001, de 8 de junio de 2001 de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
	Pero otras sentencias lo citan de un modo menos formal, como norma integrante del bloque normativo que reconoce el derecho. Así lo hace, por ejemplo, la S.ª 85/2005, de 30 de junio de 2005 de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa: “El derecho constitucional a la presunción de inocencia ( artículo 24.2 de la CE ) se configura como fundamento informador del proceso penal habiendo sido reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 , el Convenio Europeo de 24 de Noviembre de 1950 (artículo 6), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de Diciembre de 1966 (artículo 14) o la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 48). 
	También se hace eco de este artículo 48 una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Sección 3ª, sentencia de 26 de abril de 2005, con ocasión de una sanción administrativa: 

La Sala no ha infringido el derecho a la presunción de inocencia que garantizan el artículo 24 de la Constitución, el artículo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos , y el artículo 47 (sic) de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que son plenamente aplicables en los procedimientos relativos a violaciones de las normas sobre competencia en que se pueden imponer a las empresas sanciones, según refiere la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 8 de julio de 2004 , ya que el Tribunal de Defensa de la Competencia ha aportado pruebas precisas y concordantes para sentar la firme convicción de que se ha producido la infracción del artículo1.1 a) de la Ley de Defensa de la Competencia . 

	8.- HABEAS DATA

	La primera sentencia referida a la protección de la intimidad respecto del tratamiento automatizado de datos se limita a una mención final de la Carta, sin mencionar siquiera el precepto concreto, en una sentencia relativa  una sanción por no cancelación de datos erróneos.
	Pero la cita del art. 8 de la Carta se hace más extensa en una reciente sentencia de la Sala 2ª, de lo Penal, del Tribunal Supremo, S.ª 1311/2005, de 14 de octubre de 2005 (ponente José Antonio Martín Pallín). Se trataba de la validez de una prueba de comparación de datos genéricos de una prenda que se vincula al autor del hecho con una muestra de ADN en restos de saliva tomada al sospechoso; lo que se cuestionaba es la necesidad o no de autorización judicial para la toma de este tipo de muestras. La cita completa es la siguiente:
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea efectivamente, en su artículo 8, proclama que toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal y que sólo podrán ser recogidos mediante su consentimiento o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley.
Si relacionamos este precepto con el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales se llega a la conclusión de que la salvaguarda de la intimidad permite la injerencia prevista por la ley o cuando se trate de medidas aceptables en una sociedad democrática para la prevención del delito.

	9.- CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PACIENTE PARA INTERVENCIONES MÉDICAS.

Muy numerosas son también las invocaciones por la jurisprudencia civil del art. 3.2 de la Carta respecto del consentimiento informado del paciente y las consecuencias de intervenciones médicas que no lo tienen en cuenta.
	La primera cita tiene lugar en una S.ª de la Sala 1ª, de lo Civil, del Tribunal Supremo, S.ª 447/2001, de 11 de mayo de 2001, ponente Luis Martínez-Calcerrada Gómez. La cita completa es la siguiente:
“El consentimiento informado constituye un derecho humano fundamental, precisamente una de las últimas aportaciones realizada en la teoría de los derechos humanos, consecuencia necesaria o explicación de los clásicos derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad de conciencia. Derecho a la libertad personal, a decidir por sí mismo en lo atinente a la propia persona y a la propia vida y consecuencia de la autodisposición sobre el propio cuerpo, Regulado por la Ley General de Sanidad y actualmente también en el Convenio Internacional para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las Aplicaciones de la Biología y de la Medicina y que ha pasado a ser derecho interno español por su publicación en el B.O.E. forma parte de la actuación sanitaria practicada con seres libres y autónomos". (Sentencia 12-1-2001).
En la propia Carta 2000/C.E. 364/01, de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su art. 3, se prescribe respecto a la integridad de la persona: "1.- Toda persona tiene derecho a su integridad física y psíquica. 2.- En el marco de la medicina y la biología se respetarán en particular: el consentimiento libe e informado de la persona de que se trate, de acuerdo con las modalidades establecidas en la ley...".

	Tras ella es una sentencia también civil de la Sección 4ª de la  Audiencia Provincial de Zaragoza, S:ª 169/2002, de 15 de marzo de 2002, ponente Javier Seoane Prado, la que analiza este derecho y cita el texto mencionado de la S.ª 447/2001 del Tribunal Supremo, que también reproducen luego sentencias posteriores de la Audiencia Provincial de Burgos, Sec. 2ª, S.ª 350/2002, de 26 de junio de 2002; ó de Albacete, Sec. 1ª, S.ª 244/2002, de 30 de octubre de 2002.
	Después de estas primeras sentencias, el párrafo comienza a ser un texto-tipo, reproducido en numerosas sentencias civiles (Audiencias de Guipúzcoa, Barcelona, Cáceres...) 
También se ha mencionado este derecho por los tribunales de lo contencioso administrativo en procesos por responsabilidad patrimonial de la Administración por intervenciones médicas de la sanidad pública.
El precepto se cita en concreto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, S.ª 60/2005, de 26 de abril de 2005, ponente Wenceslao Olea Godoy. En ella, como fundamento de la responsabilidad patrimonial en esta materia, se dice:

En este sentido es necesario recordar que esa responsabilidad patrimonial se sustenta sobre la correcta actuación de los profesionales que prestan el servicio porque, como se recuerdo en la sentencia, no comporta el servicio publico de protección de la salud que garantiza el artículo 43 de la Constitución , un derecho a obtener la sanidad en todo caso, algo de imposible consecución, sino sólo al tratamiento conforme a aquellas exigencias de la ciencia médica. Bien es verdad que como manifestación de esa lex artis;, o como complemento de ella, la doctrina más reciente ha venido añadiendo el requisito del consentimiento informado del paciente; llegándose a incluir como uno de los derechos fundamentales de la persona, de su dignidad, como aparece recogido en la incipiente Constitución Europea -y hoy en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión -, en el artículo II-3º. 

10.- LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE INFORMACIÓN, Art. 11

	El derecho reconocido en el art. 11 de la Carta se cita por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Sec. 7ª, sentencia de 18 de febrero de 2003 (ponente Juan José González Rivas):
En este punto, las decisiones del TEDH conectan la libertad recogida en el artículo 10.1 y 2 del Convenio Europeo (hoy 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea) con la necesidad de configurar un sistema democrático (caso Müller y otros, 1988 y STEDH de 24 de noviembre de 1993, Informations Verein Lentia y otras contra Austria).

	11.- DERECHO A EJERCER LIBREMENTE UNA PROFESIÓN, Art. 15

	Lo cita la Sec. 3ª de la Sala de lo Contencioso Administrtativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en S.ª 1232/2005, de 21 de octubre de 2005. Se cuestionaba la competencia de determinado profesional para firmar proyectos de obras y el demandante, a quien la Administación se lo había negado, alegó en apoyo de su tesis el artículo 15 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea. La Sala recoge simplemente la alegación, que resuelve con argumentos sobre el ejercicio de las profesiones colegiadas conforme al art. 36 de la Constitución Española.

12.- DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.

	El art. 47 de la Carta, sobre el derecho a la tutela judicial efectiva se había invocado por el demandante en un recurso contencioso-administrativo contra una disposición de carácter general con rango de ley, que se declaró inadmisible por falta de jurisdicción por auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 27 de abril de 2005.
	También se había invocado este derecho en una reclamación de responsabilidad civil contra magistrados del TSJ de Valencia, desestimada por la Sala 1ª, de lo Civil, del Tribunal Supremo de 5 de abril de 2005.

	13.- PROTECCIÓN EN CASO DE DESPIDO INJUSTIFICADO.

	Este derecho, reconocido en el art. 30 de la Carta, se invoca por la Sala de lo Social de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en S.ª 372/2005, de 21 de marzo de 2005, ponente Rafael Antonio López Parada, en estos términos:

En este sentido ha de recordarse que la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea proclamada solemnemente por el Acuerdo de 7 de diciembre de 2000 del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, nos dice en su artículo 30, bajo el epígrafe de "Protección en caso de despido injustificado", que "todo trabajador tiene derecho a protección en caso de despido injustificado, de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales", norma que se ha incorporado al Tratado que establece una Constitución para Europa, cuya entrada en vigor no se ha producido todavía, pero que conferirá un superior valor jurídico a aquella declaración.
Todo ello en definitiva, impide en nuestro Derecho el despido acausal y condena el mismo como contrario al orden de derechos fundamentales, lo que podría significar que el despido sin causa es, en sí mismo, vulnerador de derechos fundamentales.

	La consecuencia de este reconocimiento de rango de derecho fundamental es trascendente porque, con arreglo a ella, la declaración de nulidad conlleva necesariamente la readmisión, no sustituible por indemnización.

	IIII.- CITAS EN LAS SENTENCIAS MÁS RECIENTES.

	En las sentencias más recientes de entre las publicadas por el CENDOJ, de 2006, las citas son ya numerosas y de muy variados preceptos de la Carta.
	Entre ellos se pueden reseñar, además de los ya mencionados, los siguientes:
	
	1.- Medidas de integración de los minusválidos.

	En una S.ª de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, S.ª 34/2006, de 18 de enero, se recoge la siguiente mención:

Toda la idea que late en el recurso se resume, en definitiva, en la diferente acepción de los conceptos de incapacidad y minusvalía y, consecuentemente, en el hecho de que la calificación de la incapacidad permanente y la calificación del grado de minusvalía se regulan de forma diferente y responden a criterios distintos y, efectivamente así ha ocurrido hasta la publicación de la Ley 51/2003, que se mueve, en primer lugar, en la estrategia de «lucha contra la discriminación», siguiendo así la línea marcada por otros instrumentos internacionales como son, "Las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad", aprobadas por la Resolución 48/1996 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que comportan el compromiso moral y político de los Estados de adoptar medidas para asegurar la calidad de vida de las personas discapacitadas, eliminando "todos los obstáculos que se opongan a su plena participación" (Art. 1.2), Los Convenios OIT núm. 111 sobre la discriminación en materia de empleo y 159 sobre la readaptación profesional y el empleo de personas invalidas generalizan el colectivo de sus destinatarios y protegen a todas las personas discapacitadas cualquiera sea el origen de su deficiencia y, ya dentro del ámbito del Derecho Comunitario: el Art. 13 TCE , en la redacción dada por el Tratado de Niza, los Art. 21, 25 y 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; concretamente, el último de los preceptos citados reconoce a todos los minusválidos "cualquiera sea el origen y la naturaleza de su minusvalía" el derecho a poder beneficiarse de medidas adicionales concretas encaminadas a favorecer su integración profesional y social, y la Directiva 2000/78/CE, sobre igualdad de trato en el empleo y la ocupación por motivos, entre otros, de discapacidad.

2.- Aplicación retroactiva de norma más favorable.

El art. 47 de la Carta, en cuanto a la aplicación retroactiva de normas posteriores más favorables, se cita en la S.ª de la Sala 1ª, de lo Civil, del Tribunal Supremo núm. 1055/2005, de 9 de enero de 2006.

 “Se trataría de aplicar retroactivamente la "ley penal más favorable" como se establece en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que el artículo 10.2 de la Constitución trae a causa para la interpretación de las normas, en un supuesto en que no hay una doctrina consolidada del Tribunal Constitucional en punto a la existencia de un imperativo constitucional para dotar de eficacia retroactiva a la ley penal más favorable, en tanto que ha dicho que del principio de legalidad penal del artículo 25 CE no deriva un derecho fundamental a la retroactividad de la ley penal favorable ( SSTC 99/2000 y 75/2002 ), pero se reconoce, como en la doctrina se ha señalado, un cierto reconocimiento indirecto sobre la base del artículo 9.3 CE ( SSTC 8/1981 y 131/1986 ).”