APLICACIÓN DE LA CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA UNIÓN EUROPEA POR LA JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA
Miguel CARMONA RUANO

Cuando se debatía la aprobación de una Carta de Derechos Fundamentales en la Unión Europea MEDEL puso de manifiesto que, aunque sus autores, sin duda para facilitar su aprobación, se cuidaran de afirmar en el preámbulo que el único alcance de la Carta era dotar de “mayor presencia” a los derechos fundamentales, el hecho de su proclamación en un texto como el que se aprobó acabaría confiriéndoles un valor jurídico, aunque fuera por la vía de su consideración como principios generales comunes de nuestros ordenamientos jurídicos. Por ello era importante que su proclamación representara un avance y una profundización respecto de los derechos ya reconocidos, y no un retroceso en búsqueda de un denominador común.
El análisis de la jurisprudencia española desde entonces no ha hecho sino confirmar esta previsión. Incluso, de modo expreso, en alguna resolución se razona sobre su valor jurídico “como parámetro interpretativo”, o en otra se dice que “viene a reafirmar los derechos reconocidos especialmente por las tradiciones constitucionales y las obligaciones internacionales comunes de los Estados miembros”.
Este reconocimiento de su valor como principios interpretativos de los derechos fundamentales queda confirmado por las más de 416 citas de la Carta en sentencias de todos los órdenes jurisdiccionales que se registran hasta finales de 2006. No son sólo, además, los tribunales ordinarios los que la han citado. También el Tribunal Constitucional, en la S.ª 53/2002, de 27 de febrero de 2002, referida al derecho de asilo, recogió en sus fundamentos jurídicos la cita del precepto correspondiente de la Carta, en este caso el art. 19, aunque la simple cita no tuviera mayores consecuencias jurídicas.
	La recepción de la Carta en el Tribunal Supremo tiene lugar muy poco después de su promulgación, como consecuencia del rechazo de una cooperativa de pescadores de la Albufera de Valencia (que ejercía derechos de pesca en ella) a la admisión de mujeres. El Tribunal rechaza tal exclusión con cita de los preceptos constitucionales españoles que prohíben la discriminación de la mujer, que se refuerza con la referencia a la plasmación en la Carta de la igualdad del hombre y la mujer.
	La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha hecho uso en una importante resolución el principio de proporcionalidad de la pena recogido en el art. 49.3 de la Carta. La cita en este caso no es baladí, pues conforme a este principio se casa la sentencia impugnada y se reduce la pena que se había impuesto por el tribunal sentenciador. Otra posterior también se apoya en la cita de este principio recogido en la Carta, y que no tenía acogida expresa en nuestra Constitución, en esta ocasión  para reducir proporcionalmente la pena, computando la ya impuesta en otro proceso. Otras citas de la Carta por la jurisprudencia penal se refieren al derecho a la presunción de inocencia, ya reconocido en nuestra Constitución, o a la protección de la intimidad respecto del tratamiento automatizado de datos (art. 8 de la Carta) que se aplica directamente en una sentencia para declarar la validez de una prueba de comparación de datos genéricos de una prenda que se vincula al autor del hecho con una muestra de ADN en restos de saliva tomada al sospechoso sin autorización judicial ni consentimiento del interesado.
Pero las menciones más numerosas se centran en dos principios, el derecho a una “buena administración”, reconocido en el art. 41, citado en buen número de sentencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo como apoyo a los fundamentos sobre la obligación de la Administración pública de motivar sus decisiones, y el derecho de propiedad y la garantía frente a la confiscación no indemnizada de bienes, recogido en el art. 17.1, recordado en asuntos sobre expropiación forzosa y fijación del justiprecio.
Muy numerosas son también las invocaciones por la jurisprudencia civil del art. 3.2 de la Carta respecto del consentimiento informado del paciente y las consecuencias de intervenciones médicas que no lo tienen en cuenta. También se ha mencionado este derecho por los tribunales de lo contencioso administrativo en procesos por responsabilidad patrimonial de la Administración por intervenciones médicas de la sanidad pública. 
	También se pueden encontrar en sentencias de distintos órdenes jurisdiccionales menciones a las libertades de expresión e información, reconocidas en el art. 11, al derecho a ejercer libremente una profesión (art. 15), al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 47), al derecho de los minusválidos a poder beneficiarse de medidas encaminadas a favorecer su integración profesional y social (arts. 21, 25 y 26), a la aplicación retroactiva de normas más favorables (art. 47), o al derecho a la protección de datos y su autonomía respecto del derecho al respeto a la vida privada y familiar.
	Pero si bien en muchas de las sentencias examinadas se usan estas citas para reforzar argumentos jurídicos que se basan realmente en el derecho interno, en algunas el reconocimiento en la Carta de un determinado derecho cobra un mayor significado jurídico.
	Éste ha sido el caso del derecho, reconocido en el art. 30 de la Carta, a la protección en caso de despido injustificado, que sirve de base a una Sala de lo Social para considerar un despido sin causa como vulnerador de derechos fundamentales, con los efectos jurídicos que, conforme a nuestro derecho, adquiere esta calificación. El mismo Tribunal, ha planteado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas una cuestión prejudicial, basada en el principio de igualdad recogido en el art. 20 de la Carta, en la que se cuestiona la distinta cobertura por el Fondo de Garantía Salarial, conforme a la ley española, de las indemnizaciones por finalización de contrato pactadas en acto de conciliación respecto de las fijadas en sentencia. 
	Como conclusión puede señalarse que la gran mayoría de las invocaciones que se hacen en la jurisprudencia española a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea representan un refuerzo de razonamientos jurídicos basados principalmente en el ordenamiento interno. Esto no es irrelevante, ya que supone, en sí mismo, la normalización de la Carta como instrumento jurídico a considerar dentro del bloque de legalidad. Pero, incluso más allá de esta eficacia existen, como se ha visto, algunas aplicaciones más incisivas, en especial las que hacen uso de la inclusión en la Carta de determinados derechos (como ejemplo paradigmático, el derecho a protección en caso de despido injustificado) para dotarles de un rango de derechos fundamentales que no tendrían con la pura aplicación del derecho interno, con las consecuencias que de ello se derivan.